Río Negro PPP y la teoría del Estado bobo

Río Negro adhirió a la ley nacional de contratos de Participación Público-Privado (PPP) y se desató la polémica. Sorprendió que la crítica más dura provino desde el oficialismo -que propuso la iniciativa- en la voz de Ricardo Arroyo. Los legisladores del Frente para la Victoria también cuestionaron el proyecto y lo votaron en contra. Pero los bloques de Juntos, ARI-Cambiemos y UCR impusieron su mayoría y lograron su aprobación en primera vuelta. Falta una votación más para su sanción.

El proyecto, que tuvo poca difusión previa a su tratamiento, impone en la provincia un modelo de negocios que en el país aún no funciona, a pesar que la ley fue aprobada hace un año. El gobierno nacional la impulsó pensando básicamente en la obra pública, principalmente en la reparación y construcción de rutas. Esto provocó la ira de los trabajadores de Vialidad que denunciaron su privatización.

Y es que la norma nacional -expresada en los argumentos del legislador Leandro Tozzi- dice que “a través del esquema de Participación Público-Privada se establece una articulación del Estado con el sector privado diferente a los métodos de contratación tradicionales. El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Es decir, fija un objetivo y le da libertad al privado para que desarrolle el diseño del proyecto, el mecanismo de financiamiento, los métodos de ejecución y la forma de operar el servicio. El esquema busca inducir la innovación para un mejor diseño, ejecución y administración de los proyectos y un mayor compromiso del privado con los resultados”.

Ergo, el Estado resigna toda potestad en los emprendimientos.

Para colmo, la adhesión rionegrina “exime del pago de impuestos sobre los sellos a todos los contratos y subcontratos que sean necesarios para instrumentar los proyectos a ser ejecutados total o parcialmente en territorio de la provincia”. La norma también será “aplicable a los contratos de Participación Público Privada en los que el Estado Provincial actúe como sujeto contratante”.

Uno de los cuestionamientos más serios es que el Estado se convierte en socio de las empresas y como tal es garante de los créditos a los que acceda el sector privado tanto en el mercado argentino como en el exterior. Y, en caso de quiebre de la empresa, la Nación o las Provincias, asumen la deuda.

“No puedo acompañar una ley así por mis convicciones y mi historia política”, expresó Arroyo en plena sesión, para sorpresa de la bancada del FPV que lo aplaudió de pie. Su postura había sido anticipada al jefe del bloque, Alejandro Palmieri. “Estoy en contra de esta ley y adelanto que voy a votar en forma negativa, no voy a acompañar este proyecto”, agregó.

Y explicó: “El proyecto es igualar al Estado con el sector privado”. Luego sostuvo que “el Estado debe defender a las personas” y pidió imaginarse, por ejemplo, “si las telefónicas no tuvieran regulación”. Y les preguntó a los legisladores: “¿Ustedes creen que un privado haría el gasoducto de la región Sur?”.

Por su parte, la legisladora María Inés Grandoso -argumentando la posición del bloque del FPV- aseguró que “esta ley significa más deuda y responde a la política que lleva adelante el gobierno nacional y provincial. Hemos escuchado reiteradamente que este gobierno no se arrodilla ante los intereses centralistas, pero actúa de otra forma. El presidente Macri dijo en una entrevista ante la prensa que no había que endeudarse más y hoy estamos acá tratando de adherir a esta ley”.

Y destacó que este tipo de proyectos fueron un fracaso rotundo en países como España y el Reino Unido, donde se utilizaron.

Su par, Elvin Williams acompaño el rechazo: “estamos ante el mismo panorama que con las AFJP y acá nos va a pasar lo mismo con los juicios. Al gobierno las empresas le dijeron que ellos van a invertir pero no quieren pagar el IVA”.

Entre los parlamentarios hay sospechas. El oficialismo, asociado al PPP, propuso declarar de interés el proyecto productivo de “Negro Muerto”, donde se pretende poner bajo riego 100.000 hectáreas.

Cuando el proyecto se trató en el Congreso de la Nación, la oposición criticó que las empresas pueden dirimir juicios en tribunales internacionales, al tiempo que las exime de cumplir con gran parte del marco regulatorio vigente en el país.

Además, según un informe de David Hall, director fundador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, denuncia el “sobrecosto y el incumplimiento” de plazos en este tipo de acuerdos, tomando casos de países de Europa y América Latina.

Este tipo de iniciativas no son nuevas, comenzaron en los 90′, después del Consenso de Washington.

Con la ola privatizadora y el achicamiento del Estado puesto al servicio de los capitales nacionales y extranjeros, se acuñó la frase “el Estado bobo”, un modelo que ya fracasó.

Pero Tozzi defendió su iniciativa: “Son herramientas necesarias para que el Estado cumpla con su rol articulador”. “Estamos ante la oportunidad de generar infraestructura a gran escala sin tomar endeudamiento, y agregar que el riesgo financiero lo asume el privado. De este modo se podrán ejecutar importantes obras de riego que antes hacía el Estado”, señaló el legislador de Valle Medio.

Ante los cuestionamientos durante el debate, el presidente de la bancada de Juntos, Alejandro Palmieri, aclaró que “que existan empresarios exitosos, debe dejar de usarse como una mala palabra, porque generan mano de obra e invierten”.

Fuente: ADN Rio Negro