Diputados bonaerenses aprobaron las leyes de emergencia administrativa y de obra pública 

En una votación dividida, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó y giró al Senado los proyectos de ley que establecen la Emergencia Administrativa y en materia de Obra y Servicios Públicos.

La cámara alta de la provincia de Buenos Aires las analizará en la Comisión de Presupuesto y las tratará durante la próxima sesión del cuerpo.

Luego de un debate parlamentario en el que hicieron uso de la palabra diez diputados de diferentes partidos, el oficialismo no encontró mayores obstáculos para conseguir la mayoría necesaria para aprobar las iniciativas y enviarlas al Senado.

Acompañaron con el voto positivo a Cambiemos las bancadas del FR, PJ-UyR y Convicción Peronista, mientras que los bloques de UC-FpV, FIT y Peronista Kirchneristas votaron por la negativa.

Tras la aprobación en Diputados, el Senado ingresó los proyectos al cuerpo y luego los giró a la Comisión de Presupuesto, donde proseguirá con el tratamiento parlamentario, luego de obtener la moción de preferencia para la próxima sesión.

Ambas leyes fueron creadas al comienzo del gobierno de María Eugenia Vidal con el objetivo de mejorar la gestión del Estado provincial, pero su vigencia era por dos años: las reediciones de las normativas hacen posible que la gobernadora continúe teniendo estas herramientas diseñadas por su propio gabinete.

La ley que establece la emergencia en Obras Públicas, en rigor, en materia de «infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos» en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, busca paliar el «déficit existente» y posibilitar la agilización de la gestión para los trabajos en este sector.

La norma tendrá una duración de un año, contado a partir de su entrada en vigencia, pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo, por única vez y por igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no fueron resueltas.

De este modo, además, quedan autorizados todos los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas requieran, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, Municipios, Consorcios de Gestión y Desarrollo, y Cooperativas.

Para tal fin podrán utilizar las normas de excepción previstas en distintas normativas que rigen en la provincia o las que en el futuro las reemplacen, y sus respectivos Decretos Reglamentarios.

Además, la ley establece que puede eximirse el cumplimiento de las prescripciones del Decreto N° 9.853/82 -del Consejo de Obras Públicas-.

El control de la aplicación de esta norma de excepción, entre otros organismos, corresponde a una comisión bicameral que se establece en el articulado de la iniciativa aprobada, la cual estará compuesta por tres miembros de cada Cámara que, según se dijo en el debate por parte de la oposición, hasta el momento no se constituyó.

Por el otro lado, la ley 14815 declara la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el «grave déficit» en estas materias que en el transcurso de los últimos años «se ha visto incrementado progresivamente», según se estima.

La normativa persigue el objetivo de posibilitar la realización de las acciones tendientes al fortalecimiento y modernización tecnológica de los organismos públicos provinciales para cumplir así con «el mandato constitucional de promover el bienestar general».

A los efectos de la aplicación de esta ley, la declaración de emergencia tendrá una duración de un año, contado a partir de su entrada en vigencia, aunque también puede ser prorrogada siguiendo los mismos criterios que en el caso anterior.

De solicitarse una prolongación de la medida, el Ejecutivo provincial deberá comunicarlo a la Comisión Bicameral especial que prevé la norma integrada por 3 diputados y 3 senadores.

Fuente: El Comercio Online