Constructores advierten que las autopistas «PPP» saldrán más caras de lo que piensa el Gobierno

Los empresarios sumarán al precio final el mayor riesgo y el costo del financiamiento y dicen que eso encarecerá las obras. El Ejecutivo los acusa de no querer competir y sostiene que los precios bajarán.

Si no extiende los plazos, el Gobierno abrirá los sobres de la licitación para la renovación de 2500 kilómetros de rutas y autopistas, la primera gran compulsa de proyectos de Participación Público Privada (PPP). Los constructores advierten que los funcionarios se encontrarán con una mala noticia: los precios de las obras serán más caros que los que pagó hasta el año pasado la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El Ejecutivo, en cambio, asegura que la competencia con compañías del exterior logrará que los precios bajen. En esta puja se juega buena parte de la obra pública, motor de la reactivación económica, prevista para 2018.

A comienzos de abril, Vialidad recibirá las ofertas para construir 810 kilómetros de autopistas, otros 1494 kilómetros de rutas seguras (con banquinas y otros elementos) y otros 252 kilómetros de rutas especiales. Se estima una inversión de 6000 millones de dólares para modernizar los caminos de las zonas agropecuarias: la autopista Rosario – Córdoba, la autovía Ezeiza – Cañuelas, la rutas 3 y 205, los puentes Paraná – Santa Fe y Chaco Corrientes son algunos de los tramos que se renovarán, como parte del proyecto de Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Será el primer gran desafío del modelo PPP, el marco jurídico de asociación entre el Estado y los privados. En esta ocasión, las rutas se entregarán en concesión. Las compañías tendrán cuatro años para construir los caminos y otros once para gestionarlos y recuperar lo invertido.

A diferencia del esquema tradicional de la obra pública, todo el riesgo correrá por cuenta de los consorcios empresarios. Las compañías presentarán proyectos «llave en mano»: asegurarán la concreción de la obra, negociarán con los sindicatos y los proveedores y conseguirán el financiamiento. El Estado asegurará una redeterminación de precios por inflación y pagará una vez finalizado el trabajo con los recursos provenientes de los peajes -que cobrará el concesionario, aunque no fijará el precio- y un fondo fiduciario que se conforma con un impuesto al gasoil ya existente.

Este esquema, para los empresarios, conlleva un mayor riesgo. Por eso, advierten que los costos serán mayores. En eso coincidieron cuatro grandes grupos consultados por TN.com.ar, que se preparan para participar de la licitación.

«Los costos se encarecen, es así, y se lo dijimos incluso al presidente Mauricio Macri», aseveró un integrante de la mesa directiva de la Cámara Argentina de la Construcción la semana pasada, minutos después de mantener una reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Y explicó: «El corazón del PPP es que el contratista es responsable de prácticamente todo, el proyecto y la ejecución. Si falta piedra o la UOCRA pide más dinero, es un problema mío; si se demora la expropiación de terrenos y pierdo tiempo… cuanto tenés que evaluar todo eso hoy, necesariamente se encarece la obra».

A eso se suma el costo financiero. «El financiamiento que aportan los privados siempre es más caro que el que puede conseguir el soberano. El Gobierno aspira a que la tasa esté dos puntos por encima; por ahí es un poco más», continuó el empresario.

Un segundo empresario -que participará en uno de los consorcios que presentará una oferta- consideró que el financiamiento es lo que encarece la operación. «El principal costo del PPP no es la obra, sino el costo financiero que suman los bancos», dijo. A la tasa de interés -más alta- se suman los avales, garantías y seguros que deben conseguir el constructor y que se trasladan al precio del emprendimiento.

«Es sabido que los sistemas PPP son en general más caros; el financiamiento corre por parte del privado y las obras salen más caras», coincidieron en otro importante holding empresario.

¿Cuánto más caro? Preguntó TN.com.ar a los distintos constructores. Nadie supo hacer la cuenta con precisión. Uno advirtió que un proyecto puede ser hasta dos veces más oneroso que bajo la metodología tradicional, en la que Vialidad pagaba la obra y ya. Pero nadie se atrevió a convalidarlo. «La valuación no es directa. El precio del Gobierno (es decir, cuando el Ejecutivo contrata una obra y la paga con recursos propios) no tiene incorporado el costo del financiamiento. La cuenta que hay que hacer es muy difícil, pero el precio va a ser caro porque va a tener cargado el costo financiero y van a tener que explicar ese precio», advirtió otro.

 

«Nunca aceptan competir»

Pero Guillermo Dietrich y el director de Vialidad, Javier Iguacel, afirman todo lo contrario. Para el Gobierno, las obras generarán un ahorro que estiman en 25.000 millones de dólares en 15 años. El cómputo incluye el dinero que se ahorra el Estado en mantener las obras y la deuda que no toma.

 

«Nunca aceptan tener que competir», refunfuñan los funcionarios en off the record.

Desde el Gobierno entienden que Vialidad tiene parámetros para determinar lo que sale hoy una obra y si los precios que ofertan las constructoras son más elevados, se tomarán medidas.

En Vialidad creen que el costo de las obras -sin contar el financiamiento- se reducirá entre 10 y 15 por ciento. Enumeraron una serie de flexibilizaciones normativas que, afirman, permiten a los constructores buscar mejores precios de materiales. Y también prometen mejoras que abaratarán los procesos. «Muchas compañías extranjeras y locales van a traer innovación tecnológicas y eso bajará mucho el costo», indicaron en despachos oficiales.

El costo financiero, dicen los funcionarios, se estima en dos puntos por encima del riesgo soberano, de acuerdo con conversaciones que mantuvieron con bancos internacionales y el Banco Mundial. Como referencia, la Argentina pagó 6,25% de tasa en dólares en su última emisión a diez años. La suba del riesgo país elevó ese interés hasta el 6,84% anual. Según esos parámetros, los privados deberían conseguir dinero a tasas cercanas al 9 por ciento.

Según los pliegos de la licitación, el Estado pagará las obras con el Fondo Fiduciario del impuesto al gasoil, que este año recaudará unos 30.000 millones de pesos, y con peajes. La semana pasada, Vialidad publicó los nuevos valores de los peajes de las autovías del interior que forman parte del combo. De las cincuenta cabinas estipuladas, la mitad se instalarán cuando las obras estén finalizadas.

La discusión se saldará en menos de un mes, cuando se abran los sobres de la licitación. Los consorcios privados y el Gobierno estiman que habrá al menos cinco ofertantes. El Ejecutivo se entusiasma con la llegada de grandes constructoras de España, Italia y Estados Unidos, que se sumarán a los grupos locales de primera línea. Las constructoras más chicas quedarán relegadas por la envergadura de los proyectos.

Si el proceso avanza a toda velocidad, las obras comenzarían alrededor de septiembre. La Casa Rosada no tiene tiempo que perder. Macri recibió en Casa Rosada a los funcionarios de los distintos ministerios que trabajan en proyectos PPP. Los fondos presupuestados para obras públicas alcanzan para mantener en pie los proyectos en curso. Con recursos escasos y la capacidad de endeudamiento para financiar gasto a tope, toda la obra nueva se financiará con PPP. Si las licitaciones se demoran, el crecimiento de la actividad también se verá comprometido.

Fuente: Todo Noticias