PPP Sistema cuestionado

Las autoridades del Plan Belgrano decidieron que ya es hora de culminar con el receso de verano. De modo que anunciaron que el mentado plan, que incluye obras de infraestructura pero también proyectos de la más variada índole, lo cual torna imposible una evaluación seria y consistente de su impacto en las provincias del norte argentino, será relanzado el próximo 27 de febrero en Salta.

La escasez de recursos disponibles en el Tesoro nacional complica enormemente la ejecución de las obras de infraestructura que el norte argentino necesita para lograr competitividad, por lo que se afianza como alternativa para la concreción de aquéllas el aporte de la inversión privada a través de lo que se ha denominado Programa de Participación Público Privada, cuyo marco legal fue aprobado por el Congreso de la Nación en 2016.

De hecho, los funcionarios nacionales ya adelantaron, por ejemplo, que esta vía es la única posible para financiar la construcción del Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo.

El origen del método PPP para la ejecución de obras es el Reino Unido durante el gobierno de Margaret Thatcher. Con el tiempo, se extendió a otros países, incluido algunos latinoamericanos.

Los resultados, se sabe ahora, con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido desde su implementación, no han sido alentadores precisamente, al punto que mereció un reciente pronunciamiento de la Oficina Nacional de Auditoría británica. El alegato en contra del sistema de este organismo es implacable: denunció, por ejemplo, sobrecostos de hasta el 40 por ciento.

En España, mientras tanto, la quiebra de empresas constructoras obligó al gobierno de Rajoy a estatizar cuatro autopistas construidas mediante este sistema. Las pérdidas del Estado español por estos malos negocios rondan, según las estimaciones, los 2.500 millones de dólares en un año.

Un prestigioso profesor de la Universidad de Greenwich, David Hall, escribió el libro “¿Por qué las asociaciones público-privadas no funcionan?, en el que cuestiona severamente el método que el gobierno nacional pretende utilizar para financiar la obra pública en la Argentina. Sostiene que el sistema “le permite a las empresas privadas beneficiarse del dinero público, exigiendo a los servicios públicos que proporcionaran oportunidades comerciales rentables”.

“La experiencia de los últimos 15 años muestra que las APP son una modalidad costosa e ineficiente de financiar la infraestructura y desviar la inversión del gobierno de otros servicios públicos. Las APP ocultan el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios”, concluye Hall.

Las alertas emitidas en países donde el sistema lleva varios años deberían ser atendidas por las autoridades nacionales. Tal vez resulte necesario modificar la ley que lo habilita para evitar que las consecuencias perniciosas impacten también en la Argentina. Sino, lo exhibido como solución podría convertirse en un problema adicional al que afecta desde hace mucho a la obra pública.

Fuente: El Ancasti