Argentina mejoró en un ranking que mide la corrupción pero sigue en mala posición

El indicador de Transparencia Internacional ubicó al país en el puesto 85

Si bien Argentina mejoró en el ranking de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional correspondiente a 2017, el país ocupa el puesto 85, que comparte con países como Benín, Kosovo, Kuwait, las Islas Salomón y Suasilandia.

Esta nueva edición del ranking ubica a la Argentina con 39 puntos, en el puesto 85 del mundo y en el puesto 16 entre los 31 países de América del Sur y del Caribe.

El índice, que clasifica a 180 países y territorios de acuerdo a sus niveles percibidos de corrupción en el sector público (según expertos y empresarios), usa una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy poco corrupto. «Este año, el índice encontró que más de dos tercios de los países obtuvieron puntajes por debajo de 50, con un puntaje promedio de 43. Desafortunadamente, en comparación con los últimos años, este pobre desempeño no es nada nuevo», informó Transparencia Internacional (TI).

En esa línea, TI destacó que «desde 2012, varios países mejoraron significativamente su puntaje, incluidos Costa de Marfil, Senegal y el Reino Unido, mientras que varios países disminuyeron, incluidos Siria, Yemen y Australia».

En un comunicado, TI destacó sobre América Latina que «en los últimos años, la región experimentó un sólido aumento en las leyes e instituciones que promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público».

«Por ejemplo, en 2016, Chile aprobó una ley sobre probidad pública que previene conflictos de intereses en el sector público. Del mismo modo, las Bahamas aprobó recientemente una ley sobre el acceso a la información pública y Guyana creó mecanismos transparentes para la contratación pública. Además, en Jamaica, se formó una agencia anticorrupción consolidada para realizar investigaciones», detalló la organización.

En ese sentido, TI además explicó que «el progreso continúa en toda la región con las investigaciones de varios casos de corrupción de alto perfil. Por ejemplo, el caso Odebrecht resultó en sanciones para empresarios y figuras políticas de los niveles más altos en Brasil, Ecuador y Perú debido a su participación en sobornos y financiamiento ilegal a cambio de contratos públicos. En Guatemala, la oficina del abogado y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) están investigando a políticos y hombres de negocios en casos de corrupción, incluida la financiación ilegal del actual presidente Jimmy Morales. Además, las investigaciones sobre el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también avanzaron considerablemente».

Sin embargo, la organización lamentó que «si bien se han logrado avances para combatir la corrupción en varios países, todavía no existen políticas generales para abordar las causas históricas y estructurales de la corrupción en toda la región. Los países que priorizan la lucha contra la corrupción y crean políticas nacionales a través del consenso y la participación pública y política están mejor posicionados para dar un importante salto cualitativo. Por el contrario, aquellos países que no priorizan los problemas de corrupción de esta manera pueden perder terreno año tras año».

«¿La región se ha estancado en la lucha contra la corrupción? No es definitivo, pero es vital promover un enfoque integral que aborde cuestiones estructurales clave, incluida la financiación política, la contratación pública y el fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes, sólidas y flexibles», concluyó el comunicado de Transparencia Internacional.

Al respecto, la directora ejecutiva de TI Patricia Moreira aseguró que, para que una nación mejore en este índice, «ningún activista o periodista debería temer por sus vidas cuando hablan en contra de la corrupción. Dadas las medidas enérgicas actuales contra la sociedad civil y los medios de todo el mundo, tenemos que hacer más para proteger a los que hablan».

«Los resultados del IPC se correlacionan no solo con los ataques a la libertad de prensa y la reducción del espacio para las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, lo que está en juego es la esencia misma de la democracia y la libertad «, agregó por su parte Delia Ferreira Rubio, directora de TI.

Fuente: Infobae