Se demora la llegada de inversiones privadas para obras públicas

A un año de su lanzamiento, el sistema de participación público-privada aún despierta desconfianza entre los inversores; el uso de fondos específicos sería la clave

El sistema de participación público-privada aún despierta desconfianza entre los inversores

Desde hace poco más de un año, la Argentina tiene una ley para atraer inversiones, el sistema PPP (participación público-privada). Por ahora, los dueños del capital miran con atención cada movimiento del Gobierno y hasta muestran interés. Opinan y esperan varios detalles pendientes. Pero a un año del lanzamiento, aún no hay ningún proyecto iniciado con este esquema. Más aún: todavía falta terminar la estructura legal y financiera como para que despeguen.

«Hicimos en siete meses lo que otros países hacen en años. Tenemos plazos ambiciosos y aspiramos a tener las primeras obras entregadas en abril», comentó José Luis Morea, subsecretario de la Unidad PPP del Ministerio de Finanzas.

 

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El sistema PPP se aprobó en el Congreso a fines de noviembre del año pasado. Se trata de una norma que le da marco a la inversión privada en infraestructura. Mediante ella, los fondos llegan a un proyecto no sólo como concesionarios, sino que también pueden hacer la obra, financiarla, recibir una ganancia y retirarse. Según el caso, podrán o no quedarse a cargo de la concesión.

El Gobierno relevó un total de 61 proyectos por los que prevé generar inversiones por US$ 26.000 millones. Los funcionarios que responden al ministro de Finanzas, Luis Caputo, han apurado los plazos al extremo para dar certezas a los inversores, ávidos de respuestas. Sucede que se trata de un país que destrozó el esquema regulatorio de los servicios públicos con la caída de la convertibilidad. Antes de fin de año, dijo Morea, estará disponible la documentación para que los inversores hagan sus números. Los primeros proyectos lanzados son los seis corredores viales que se espera entregar en abril, para los cuales se convocó a debatirlos en audiencias públicas. Los funcionarios son optimistas; los empresarios, no tanto.

Hace poco, Morea expuso el esquema en cinco ciudades. Una por día. «Fuimos a París, Roma, Fráncfort, Londres y Madrid. Nos fue muy bien y hubo un interés muy grande», dijo el funcionario. Pese al entusiasmo, hubo preguntas concretas: las garantías y la estructura financiera, que aún no está terminada. «Además -dijo un profesional que es continuamente consultado por el tema-, hay que luchar contra un problema reputacional. Se hizo mucho, pero la verdad es que hay veces que se negocia con gente que ya estuvo en la Argentina cuando se rompieron los contratos. Entonces, a la hora poner dinero a largo plazo, quieren garantías».

El sistema tiene algunos pilares. El primero es un fondo fiduciario de afectación específica. Dicho de otra forma, una caja que se nutre con alguna tasa creada o existente y que no puede ser usada para otro fin. Uno de los casos es el del Sisvial, un esquema de financiamiento que utiliza un porcentaje del precio del gasoil para hacer obras viales. Ese es el único fondo que está armado, ya que desde hace años se utiliza para hacer obras en las rutas. Será el que sostendrá los proyectos de los corredores viales.

«Vamos a crear un gran fondo, una suerte de paraguas. De ese se desprenderán varios subfondos, cada uno de ellos financiado con una tasa específica», explicó Morea. Además del vial, se prevé en el corto plazo armar uno de energía -para la red de alta tensión-, otro de comunicaciones y hasta algunos pensados para construir hospitales y cárceles.

La desconfianza de los inversores tiene que ver con un requisito no menor: la creación de estos fondos tiene que pasar por el Congreso.

Una de las características principales es que el dinero que llegue por esta vía para financiar infraestructura no se anota como deuda. Técnicamente no lo es, por lo tanto no tiene garantía soberana como un bono del Estado. Allí llega el punto de las principales preguntas de los inversores. ¿Cuál es la garantía? ¿Quién paga en caso de que lo recaudado por el fondo no logre pagar la deuda contraída con las empresas?

La explicación de Morea: «Vamos a ir por la solución que creó Perú hace 10 años: el Estado asume un compromiso contingente. En caso de que el fondo no alcance a pagar la deuda, el Estado entrega una partida presupuestaria una vez por año para aportar un fondeo faltante que pudiera darse en caso de que el flujo principal no sea suficiente». Los inversores conocen la solución Perú, pero allí está una de las principales desconfianzas que tienen con el sistema.

El economista Ricardo Carcioffi, integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y ex director del Intal (el instituto de investigaciones del BID), recuerda que son 61 proyectos los que están en el presupuesto 2018, cuya aprobación se espera para antes de fin de año. «En caso de que se realicen, se tratará de una inversión muy importante respecto del PBI. Hay muchos países que utilizan esta mecánica y con suerte diversa. Lo más seguro es empezar por los proyectos donde existe una demanda cierta, sin factores aleatorios, con flujos más estables», dijo. De ahí que los primeros que avancen sean los viales y los energéticos.

Fuente: La Nación