Prevén entregar hasta 2.500 casas en el 2018 en Mendoza

El Ejecutivo provincial solicitó que se autoricen $700 millones más para el IPV en la próxima pauta. Hay temor de que la Nación recorte parte del financiamiento de viviendas.

En el Corredor del Oeste. El Gobierno dice que su objetivo es cumplir con los plazos y hacer una administración rigurosa de los recursos.

El Gobierno nacional a través del Plan Nacional de Viviendas viene financiando dos tercios del total del costo de las nuevas casas que se construyen en Mendoza. El otro tercio de ese monto lo aporta la Provincia.

Sin embargo, en los planes de Mauricio Macri está el objetivo de achicar el déficit para que no supere el 3,5%. Por esto, los gobiernos provinciales están «abriendo el paraguas» antes de que se largue la tormenta.

En Mendoza quieren asegurarse de que la Legislatura les autorice un monto de $700 millones para sostener el ritmo de construcción de las viviendas, a fin de no atrasarse, porque hasta ahora están cumpliendo los plazos establecidos.

Si bien el oficialismo asegura que es un monto atado a una decisión del Gobierno nacional, es decir que podría o no utilizarse, la oposición –puntualmente los intendentes peronistas– han pedido más especificaciones para estudiar la posibilidad.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jorge López (UCR), explicó que «les estamos brindando a los intendentes toda la información que nos pidieron, porque nuestro objetivo es llegar al miércoles con la discusión cerrada para poder debatir el Presupuesto en el recinto. Pero todavía no está dicha la última palabra».

El mismo legislador confirmó que va a haber reuniones con los jefes comunales del PJ para ponerlos al tanto de todos los datos requeridos, de la misma manera que ya hubo un encuentro en Casa de Gobierno con Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle) Martín Aveiro (Tunuyán), Alejandro Bermejo (Maipú) y Jorge Omar Giménez (San Martín). El resultado fue una solicitud de mayor información.

 

La polémica con la oposición

En cuanto a la autorización para endeudarse solicitada por el gobierno de Alfredo Cornejo, los puntos conflictivos con los intendentes son tres.

En primer lugar, el plan de obra pública, que según lo planificado será de $4.000 millones, de los que $1.900 millones se pedirán a modo de endeudamiento, no convence demasiado a los jefes comunales, porque mucha de esa obra es provincial y ellos solicitan mejoras puntuales para sus comunas.

Según el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Ejecutivo está preparando un informe detallado de los trabajos públicos que van a realizarse y cómo estos influirían en cada municipio.

Este es uno de los requisitos solicitados por los caciques peronistas.

El otro punto complicado es el artículo 41, que versa sobre «compras con financiamiento», es decir compras cuyo pago será diferido y no al momento de adquirir la infraestructura. Así sucede, por ejemplo, con los insumos y aparatología médica. Lo que la oposición requiere es que se coloque un monto a estas compras, porque en el Presupuesto no figura cuánto debería el Estado invertir en ellas.

El tercer aspecto es el ya mencionado dinero para viviendas, expresado en el artículo 45 de la pauta presupuestaria 2018.

El conflicto aún no se resuelve, pero de hacerlo, sucedería entre el Ejecutivo y los intendentes peronistas, sin que participen los legisladores.

 

La versión del IPV

Por su parte, el titular del IPV, Damián Salamone, explicó que desde que el costo de las casas que se construyen con fondos del Estado se calcula en UVI (Unidad de Valor de Viviendas) el Gobierno nacional financia dos tercios de la construcción y la Provincia el tercio restante.

Si se tiene en cuenta la cifra de $2.200 millones que se piensa invertir el próximo año para concluir 2.200 de las 3.392 casas que están en construcción, la Nación aportaría $1.466 millones, mientras que la Provincia pondría $734 millones. Sin embargo, el Ejecutivo se quiere asegurar la continuidad de las obras, por si ocurre algún recorte o demora de fondos.

«En este momento llevamos un buen ritmo de ejecución de obra, sin demoras, y esperamos en el 2018 entregar una cifra superior a 2.200 viviendas; creemos que podemos llegar a las 2.500, por eso no queremos caer en atrasos y darle continuidad a lo que hemos logrado en el 2017», sostuvo Salamone.

Además, está en juego el dinero del plan Hábitat, cuyos fondos son aportados casi 100% por el Gobierno nacional. Son casi $1.000 millones, pero según explicó el funcionario, cada proyecto de los que componen el Hábitat será evaluado en forma particular.

«Queremos seguir con una conducta lograda de eficiencia en la obra pública y en la administración, tener todos los barrios con planes activos y respetar los plazos de obra. La regularización del sistema de pagos y el hecho de poder seguir de esta forma es importante para generar confianza. Además, como Estado podemos exigir de otra manera si cumplimos», manifestó Salamone.

Fuente: Diario Uno (Mendoza)