Cerámica Cuyo pasaría a manos de sus empleados
Una cooperativa formada por ex trabajadores fue la única oferta en la licitación de la empresa.
Aunque a priori eran varios los interesados, al momento de la apertura de sobres con ofertas para la venta por licitación de la ex Cerámica Cuyo S.A. sólo se formalizó una: la de los ex empleados de la firma que hoy la explotan como cooperativa de trabajo.
La propuesta no superó la base estipulada, de poco más de $ 9,7 millones, pero fue suficiente para calificar como potenciales nuevos dueños de la planta equipada que ocupa 1,2 hectáreas en Bermejo, Guaymallén.
En realidad hubo otra propuesta, pero que a criterio de la sindicatura y la Justicia estaba incompleta dado que no incluyó la caución exigida por la ley de Quiebras, la garantía por el 10% de la oferta ni copia del pliego.
Por eso ahora la decisión final sobre la adjudicación a la oferta de los trabajadores está en manos del juez González Masanes, titular del 2do tribunal de Concursos y Quiebras de Mendoza y quien lleva el proceso de liquidación.
González Masanes pidió “seriedad” a los proponentes. La solicitud fue antes de darles un plazo de 72 horas para especificar forma de pago, una de las 3 condiciones que el magistrado debe ponderar antes de darle luz verde al traspaso de los activos; el resto son el aseguramiento de continuidad de la explotación empresaria, “mediante el plan de empresa pertinente”, además de la “magnitud de la planta de personal en actividad como tutela efectiva de la fuente de trabajo”.
De no cumplir con el término fijado, la propuesta puede caer a pesar de haberse comprometido $1 millón en garantía. A partir de allí el juez tendrá unos 20 días hábiles para la aprobación final.
Según el apoderado legal de los trabajadores, Carlos Ferro, “se intentará usar las herramientas por ley, como la compensación de créditos laborales que la cooperativa compró y cuya liquidación pediremos a la sindicatura. En todo caso, completará una suerte de combo con el canon de explotación temporaria que la Provincia aún tiene que pagar, lo que conformaría una masa importante, además de un aporte en efectivo”.
De todos modos, Ferro anticipó que parte del planteo es dejar supeditada la transferencia del inmueble a la cancelación. “Para eso pediremos un plazo”, señaló.
La extinción de Cerámica Cuyo, condensada en el expediente en autos 5.599, caratulados “CERÁMICA CUYO S.A. P/QUIEBRA DEUDOR” lleva 14 años, desde que en 2003 la Justicia abrió el concurso de acreedores que devino en la quiebra en 2005.
Uno de sus acreedores más importantes fue Industrias Chirino, que en su momento había comprado su crédito de alrededor de $2 millones, por lo que se especulaba con su interés por quedarse con la empresa aunque finalmente no se formalizó.
$ 9,7 millones fue el monto suficiente para que los trabajadores calificaran como potenciales nuevos dueños de la planta.
En total, la superficie de la planta ubicada en Almirante Brown 1972, de Bermejo, está mensurada en 1 ha 2.331,96 m2. Desde hace 11 años está ocupada y explotada por Cooperativa de Trabajo Cerámica Cuyo Ltda. integrada por ex empleados, aspirantes a convertirse en sus propietarios, aunque subsiste una denuncia en Delitos Complejos en base a sospechas sobre el verdadero responsable de la explotación.
Dudas
En su mejor época, Cerámica Cuyo S.A. supo tener grandes clientes en el sector de la construcción nacional y particularmente en Buenos Aires, como Loma Negra. Su especialidad era la fabricación de ladrillo hueco.
Aunque sigue en pie como cooperativa de trabajo, quienes siguieron el proceso de la quiebra señalan que fue cambiando. Y que hoy son pocos los trabajadores de la ex S.A que la integran (la mayoría con más de 20 años de antigüedad) aunque el uso del lugar, con carácter de ocupación temporaria, fue prorrogándose cada año desde 2006 y hasta diciembre de 2016.
“Los verdaderos beneficiados de esta “empresa recuperada”, no fueron jamás los empleados, que trabajaron estos años con salarios miserables, sin ART, en condiciones infrahumanas, y asociados a una Cooperativa. O sea, un negocio redondo para el verdadero explotador de la fábrica, en la que no le invirtió un centavo y de la cual se llevó la producción”, resumió uno de los síndicos, Marcelo Brescia.
La referencia es a una firma de Buenos Aires cuyo nombre no figura en el expediente pero se la señala como verdadero operador detrás de la cooperativa. De hecho, en 2014 se abrió otro expediente a partir de una denuncia ante la fiscalía de Delitos Complejos removida por el propio juez de la quiebra a instancias de una presentación de la sindicatura, que a su vez tomó las quejas de algunos trabajadores por falta de inversiones.
González entonces pidió una compulsa, habida cuenta de que la ley favorecía a la cooperativa: el resultado fue que sobre 25 trabajadores, 70% pertenecían a la cooperativa y otro 30% no acreditaban su condición y finalmente habrían reconocido su vínculo con una empresa.
Al respecto, Ferro lo justificó. “Desde un momento, la cooperativa intentó contratos de colaboración para llevar adelante la actividad. De hecho, el mismo juez lo avala ahora por entender que es una salida, más allá del aporte del Estado”.
Según Brescia “el estado de deterioro de la planta es muy avanzado, lo que denota la falta de inversión en mantenimiento, sin las mínimas normas de seguridad industrial. La ley disponía que la explotación era para los trabajadores, no para un tercero. Ha sido una gran injusticia prolongada”.
Del lado de los trabajadores la respuesta no se hizo esperar. “En medio de una quiebra, difícilmente un inversionista haga un aporte de capital. Se necesitan algunas garantías de continuidad”, argumentó Ferro.
Hay un punto en el que hay coincidencias, y es la necesidad del aporte de fondos de la Provincia por el canon de explotación impago. Las partes esperan que se ejecuten una sentencia favorable, sobre 3 demandas de la sindicatura para apurar el pago correspondiente a la ocupación temporaria en medio de la quiebra, por más de $10 millones, un monto que le daría mayor liquidez a los planes.
Fuente: Los Andes
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