El turno de los empresarios

No sólo funcionarios acusados de recibir sobornos comenzaron a transitar los pasillos de los tribunales. Ahora los dueños del dinero, acusados de pagar esas coimas, comenzaron a ilustrar las carátulas de los expedientes y sus fortunas personales y las de sus empresas, aquello para lo que trabajaron, amenazan con ser inmovilizadas ante la sospecha de que deben regresar al Estado para recuperar el dinero de la corrupción .

Por ahora se trata de un pedido fiscal de embargos, que abre una nueva etapa en la ejecución de las políticas de transparencia, más declamadas que ejecutadas en las últimas décadas.

Como parte de la aceleración judicial del último trimestre de 2017 que terminó con ex funcionarios presos, como Julio de Vido, Roberto Baratta, Amado Boudou , José López o Ricardo Jaime, llegó el turno de los empresarios. No solo los que se enriquecieron con el kirchnerismo, como Lázaro Báez o Cristóbal López, que ya era millonario antes de Néstor Kirchner, sino los que integran el poder económico permanente. Los que hicieron negocios con el Estado durante décadas sin importar el color político, sino el del dinero.

Es en la obra pública donde aparecieron los nombres más resonantes, algunos de ellos ligados con el presidente Mauricio Macri. Los bienes de su primo Angelo Calcaterra, como le dicen en la familia, o Angel Jorge Antonio Calcaterra, como reza su DNI, quedaron expuestos a ser embargados hasta la suma de 54 millones de pesos, porque la empresa que controlaba, IECSA, se asoció con la brasileña Odebrecht y supuestamente pagaron sobornos para asegurarse el contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Calcaterra se desprendió, en marzo de 2017, de las acciones de IECSA para evitar más problemas. Pero para el fiscal Franco Picardi, «al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas». Se ganó una casi segura citación a indagatoria.

 

El monto del contrato era de 3000 millones de dólares. Las coimas confesadas por Odebrecht: 35 millones. Un vuelto que no conmueve ningún cálculo de costos.

La lista la integran Jorge «el Corcho» Rodríguez, acusado de ser intermediario en el pago de las coimas que llegaban a una offshore uruguaya; ejecutivos de IECSA, de Odebrecht, de Ghella y de COMSA. Son nombres que a nadie le llaman la atención, pero que hacen ruido en el mundo corporativo. En IECSA miran a Odebrecht y dicen que en los documentos no hay ni una mención a nadie de la tropa propia ligada a ningún pago ilícito.

Los funcionarios acusados de estirar la mano para recibir esos sobornos son los conocidos: José López, el de los bolsos, Ricardo Jaime, condenado dos veces, sus testaferros, Manuel Vázquez, su hijo Julián, e Ignacio Soba Rojo, entre otros.

Las conclusiones del fiscal sobre Odebrech son la base los pedidos de procesamientos que alcanzarán a Calcaterra, a sus socios brasileños y a los ex funcionarios del kirchnerismo acusados.

No hicieron falta las confesiones de los arrepentidos brasileños del Lavajato. Las facturas que pagaban empresas a CAESA, la consultora fantasma de Jaime, por trabajos de consultoría inexistentes, son evidencia de los sobornos, según el fiscal. CAESA facturó servicios en la compra de trenes chatarra a España y Portugal por 100 millones de euros, por ejemplo.

Pero las facturas de CAESA a Iecsa apenas si suman 500.000 pesos y parecieran ser parte de un fee que cobraba Vázquez por tenerlos al tanto de los contratos oficiales que un porcentaje del contrato millonario. Con el agravante de que estas facturas son de 2005 a 2009 y los mails que refieren a «DGI» o coimas en la jerga de Odebrecht, son de 2010. Un hueco que habrá que explicar. Odebrecht que confesó los sobornos parece llevarse toda la marca.

En forma paralela y en silencio, el juez Sebastián Casanello viene indagando a los dueños de la obra pública en la Argentina por otra causa hija del escándalo de Odebrecht. Allí tiene probado que se pagaron sobreprecios y mayores costos para que Aysa encargara a Odebrecht y sus socios locales la construcción de dos plantas. Son la potabilizadora Paraná de las Palmas en Tigre, adjudicada a Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, por 2200 millones de pesos. Y una la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, adjudicada a Camargo Correa y Esuco SA por 481 millones de pesos. Los sobreprecios eran del orden del 25%. Los ex funcionarios investigados son Carlos Ben y Raúl Biancuzzo de AySA.

En la causa de Casanello hay administración fraudulenta, no coimas. Mayores costos y sobreprecios. En la de Picardi, sobornos, pero son apenas matices de tipos penales, que en ambos casos hablan de corrupción.

La lista de los empresarios indagados por Casanello incluye a Aldo Benito Roggio, de una de las empresas privadas más importantes de la Argentina e integrante de la Cámara Argentina de la Construcción. Carlos Wagner, de ESUCO, ex presidente de esa entidad, cerrará el desfile. Nunca se vio nada igual.

A los empresarios se suman los banqueros Jorge Brito, director y presidente con licencia del Banco Macro, que durante el kirchnerismo conoció el abrigo del poder y los negocios con empresarios allegados al ex gobierno, debió responder por el caso Ciccone. Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou, dijo que puso la plata para financiar la fábrica de billetes. El juez Ariel Lijo no tuvo más remedio que citarlo a indagatoria. Negó ante el juez haber puesto el dinero. Boudou señala a Raúl Moneta, banquero del menemismo, como el que lo hizo, pero la salud del empresarios, tras sufrir un ACV, no le permite enfrentar a la justicia.

Fuente: La Nación