Aprietes y trampas en la licitación para operar la terminal de ómnibus de Retiro

Se conocerán las ofertas de los interesados; Otero, el actual concesionario, habría intentado desalentar a varios

La terminal de ómnibus de Retiro, uno de los rincones más sucios y abandonados de la infraestructura de servicios públicos porteños, empezará a transitar por un camino de renovación. Hoy se abrirán los sobres de una esperada licitación para designar el nuevo concesionario que operará uno de los principales puntos de ingreso y egreso de viajeros en la ciudad de Buenos Aires. Atrás quedará un complicado proceso licitatorio teñido por cambios en los pliegos, anulaciones, redacciones sospechadas y presiones a grupos oferentes.

Desde principios de año, cuando se presentó la licitación, se enrareció el clima en torno a esta iniciativa del Ministerio de Transporte. De un lado quedó el ministro Guillermo Dietrich. Del otro, el actual concesionario, Néstor Otero, un empresario procesado por haber pagado durante años el alquiler del departamento donde vivía el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en Buenos Aires. En estos meses, Otero jugó fuerte para quedarse con el millonario negocio.

Todo empezó en octubre del año pasado, cuando se conoció la iniciativa del llamado a licitación para remodelar y dar en concesión el predio porteño, de siete hectáreas. Las cifras de la principal terminal del país le dan magnitud al interés que suscitó el proyecto. A diario circulan por allí unas 50.000 personas, de las cuales, según los cálculos de quienes se interesaron por el negocio, alrededor de 25.000 son pasajeros. Entre los ómnibus que ingresan y los que parten desde allí, hay unos 1000 servicios diarios. Esa operación, que se llama toque de dársena, actualmente se paga $ 48 más IVA por ómnibus, aunque el valor, seguramente, será otro con las nuevas ofertas.

El negocio hace tiempo dejó de ser el servicio a los transportistas. Los millones surgen de las decenas de comercios localizados en el edificio principal. Allí surge una particularidad: los que no son propiedad de empresas vinculadas a Otero cuando firman su contrato de alquiler se obligan a abastecerse de mercadería de un mayorista que sí está ligado al empresario. Sólo algunas marcas propias se escapan de la cláusula. Negocios amarrados.

Otero, dueño de la empresa TEBA, opera la terminal desde hace 20 años. Un relevamiento realizado por una de las interesadas, que llegó a conocimiento del regulador, muestra que prácticamente no funciona ninguna de las escaleras mecánicas, apenas un porcentaje menor de los baños están operativos y tiene un piso completo, donde funciona el área de cargas, prácticamente sin utilizar. En medio de las incomodidades y la suciedad, los comercios florecen con precios exorbitantes.

En febrero pasado, el primer llamado a licitación sorprendió a varios. Había varias cláusulas que levantaron sospechas de un traje amoldado para el actual concesionario. Por ejemplo, se entregaba por 20 años, un plazo corto si se tiene en cuenta que se deben invertir no menos de $ 500 millones en la renovación del predio. Además, estableció un puntaje muy alto para el que pudiera acreditar un determinado volumen de operación similar en el país. Casualidades regulatorias: Otero, dueño de la porteña Estación Dellepiane, de Mar del Plata y de Santiago del Estero, era el único que podía llenar este casillero.

Finalmente, se incluyó otro requisito: que el nuevo concesionario se quedara con todos los empleados existentes a diciembre de 2015, respetando sueldos, antigüedades y demás beneficios. Claro que también se trasladaban todos los juicios laborales. El problema es que TEBA se negó a informar cantidad de empleados, sueldos, antigüedad y mucho menos, juicios o pasivos contingentes. Varios empresarios le llevaron las quejas a Dietrich, que anuló aquella licitación. El ministro nunca lo admitió en voz alta, pero la sospecha que se instaló es que aquellas cláusulas estuvieron prolijamente camufladas por segundas líneas de su ministerio, con estrecha relación con Otero.

Finalmente, se dispusieron cambios. El plazo se pasó de 20 a 35 años, se puso un requisito de acreditación de fondos propios suficientes para financiar el proyecto y se autorizó a que los consorcios pudieran acreditar la experiencia con un contrato de transferencia de tecnología con un experto internacional en operación de buses.

Por otra parte, el pliego mantuvo la exclusión de los dueños de empresas de colectivos como posibles oferentes. Durante este tiempo, varios operadores internacionales buscaron datos para evaluar la posibilidad de presentarse. Un grupo inglés mandó sus representantes, y otro grupo uruguayo hizo lo propio. Varios empresarios argentinos, muchos de la construcción, miraron la carpeta. Algunos de ellos fueron desalentados por oficiosos gestores y se retiraron. Quedaron pocos.

Un grupo brasileño que se presentaría con argentinos de la constructora Texinco, además de otra UTE con el actual concesionario camuflado, son algunos de los que estarán presentes hoy en la apertura de sobres.

500

Millones de pesos

Es la inversión que se calcula deberá aportar el nuevo concesionario de la terminal para renovar la operación de la terminal de ómnibus

Fuente: La Nación