Con una contratación directa, terminarán la cárcel federal de Cacheuta

La obra para alojar presos federales costará unos 857 millones de pesos. El gobierno ya invitó a empresas locales a presentarse.

A través de una contratación directa por 857 millones de pesos, el gobierno de Alfredo Cornejo terminará la construcción de la cárcel para presos federales en Cacheuta, obra que comenzó en 2011 y se paralizó en febrero de 2016. El lugar tendrá capacidad para alojar a 536 personas en un terreno de 50 hectáreas en Luján de Cuyo.

En junio -cuando se realizó el llamado a licitación- esta obra tenía un valor aproximado de 676 millones de pesos y dos meses después el monto se incrementó casi en 200 millones de pesos. La provincia aportará un 20% del total, mientras que del resto se hará cargo el gobierno nacional.

La contratación directa está autorizada a través de la Ley de Emergencia en Seguridad, y desde el Ejecutivo afirman que se utilizará esa modalidad para acortar los tiempos y abreviar así los procedimientos administrativos.

Este mecanismo de contratación de excepción se realizó por “urgencia” para terminar los trabajos que quedaron inconclusos y disminuir el hacinamiento en las cárceles locales, aclara el decreto N° 630 publicado en el Boletín Oficial. En la norma se argumenta que “la urgencia manifiesta del caso para dicha contratación, reúne los caracteres requeridos como presupuestos esenciales para la viabilidad del mecanismo excepcional al sistema de licitación pública. La urgencia es concreta, inmediata, probada y objetiva”.

Además el Ejecutivo hace referencia a que la provincia ha sido demandada local e internacionalmente por el estado de los centros carcelarios.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que si bien es una contratación directa, se realiza en los mismos términos que una licitación pública, según informó el director de Administración del Ministerio de Seguridad, Diego Lázaro.

El mes pasado se llamó a licitación para la construcción del penal pero nadie se presentó. El problema es que al ser una obra que ya comenzó, el contratista se debe hacer cargo de lo realizado anteriormente sin poder revisarlo, razón por la cual las empresas tienen sus reparos.

De todas maneras desde el Gobierno esperan que constructoras presenten sus ofertas a fines de agosto. “Hubo empresas que no terminaron de evaluar el riesgo al que se enfrentaban”, señaló el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala.

Para esta contratación el gobierno invitó a unas diez empresas a que realicen sus ofertas, algunas de ellas locales y de otras provincias también. Entre el listado de firmas que podrían adjudicarse la obra se encuentra Obras Andinas, Cartellone, Ceosa, Laugero y Ceosa. De todas maneras si hay más interesadas pueden participar del concurso.

Se espera que los trabajos comiencen a principios de octubre y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

Fuente: El Sol