El 50% de las constructoras incumplen los plazos del IPV

De estas firmas, el 10% tiene demoras acumuladas que derivarán en multas. Este tema genera malos antecedentes. Por esto, el 40% de las 26 licitaciones que se realizaron hasta diciembre quedó desierto. Se repetirán en febrero

Cuando asumió la actual gestión al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, estaba vigente una resolución que no les permitía a las empresas constructoras certificar obra por más del 1% por mes. Esto, según explicó el arquitecto Damián Salamone, actual titular del IPV, tenía un motivo: el atraso de los pagos oficiales, que superaba los $300 millones. Sin embargo, después de haber regularizado las deudas, el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, a cargo de Enrique Vaquié, dio una orden clara: los barrios debían terminarse en 16 meses como máximo. Entonces, el IPV emitió una nueva resolución –la 526/16– para determinar que ninguna constructora debía certificar menos del 4,5% del total de la obra por mes, para poder llegar al plazo estipulado de finalización.

Actualmente, después de seis meses de esa disposición, más de la mitad de las empresas constructoras adjudicatarias de los barrios no pueden cumplir esos plazos. Mientras, el 10% de estas ya acumula incumplimientos sucesivos, por lo que van a ser multadas. Pero, además, esto significa malos antecedentes para futuras licitaciones.

Salamone confirmó que la situación ya se ha vuelto un problema, porque hasta diciembre se realizaron 26 de 35 licitaciones programadas y 11 de estas quedaron desiertas porque las empresas que se presentaron no cumplían con los requisitos solicitados. Las licitaciones deberán repetirse en febrero.

 

Qué dicen desde el Gobierno

En cuanto a las firmas que efectivamente van a ser multadas, antes de concretar la operación se las notifica y tienen una última oportunidad para arreglar la situación. Se les otorga un plazo de tres meses para que recuperen los ritmos de trabajo y puedan cumplir lo dispuesto por el IPV.

Esto se hace para que la empresa pueda reaccionar y enmendarse, además, según el funcionario a cargo del Instituto, hay que determinar si el atraso es puramente causado por las constructoras o provienen de algún otro motivo que excede a su responsabilidad.

Según el director, los incumplimientos de las empresas se han convertido en motivo principal del fracaso del 40% de las licitaciones realizadas hasta diciembre.

«Para poder licitar tienen que tener un comportamiento determinado y no lo han podido sostener en operatorias existentes o anteriores», manifestó el funcionario.

Por esto, hay que repetir los llamados a licitación en el transcurso de febrero, por lo que todas las empresas que no regularizaron su situación, se encuentran actualmente abocadas a hacerlo y superar falencias anteriores.

Salamone explicó que es común que muchas no hayan logrado el cierre técnico de obras viejas, que se puede enmendar. «Las firmas que han tenido obras sin cerrar han mostrado buena voluntad. Están haciendo finales de loteo y de obra, para regularizar. Es un buen antecedente», dijo el titular de la repartición.

La regularización era indispensable puesto que algunos barrios llevaban 13 o 14 años de entregados y no tenían cierre. Para conseguirlo trabajan en conjunto las empresas constructoras, el IPV y los municipios.

«En cuanto a documentación técnica, se han movido más papeles en el Instituto durante este enero, que en muchos años anteriores, para esto han servido los condicionamientos impuestos», sostuvo.

Fuente: Diario Uno (Mendoza)