Polémica por la adjudicación de obra pública en Córdoba

La modificación que anuló la prohibición de personas procesadas generó cruces entre el oficialismo y la oposición.

Los cambios en la ley 10.417 sobre los contratos de obra pública generaron una polémica entre el oficialismo y la oposición en la Unicameral sobre los controles de transparencia.

Después de ser sancionada en la legislatura provincial la norma sufrió un cambio en uno de sus artículos que impedía la participación de “quienes tengan causas judiciales pendientes en calidad de procesados».

Al respecto Sandra Trigo de Unión por Córdoba afirmó por Radio Universidad que la modificación se debió a respetar «las convenciones internacionales de derechos humanos», que remarcó «hablan claramente de que nosotros somos inocentes hasta que haya una sentencia firme».

En contra posición Juan Pablo Quinteros del Frente Cívico apuntó hacia una «valoración política» de la normativa.

«Esta era una ley que apuntaba hacia la transparencia, porque decía que las personas que están procesadas por delitos de este tipo no pueden formar parte de la licitaciones que este Estado provincial va a ejecutar porque queremos ir hacia normas transparentes», destacó.

En tanto que la legisladora de Córdoba Podemos, Liliana Montero, se refirió a la vinculación de la empresa brasileña Odebrecht con la obra pública cordobesa.

«El problema no es la Justicia de Córdoba porque acá nadie se investiga y está cercada la cuestión de las empresas de Córdoba (…) el problema es lo que se les escapa de la jurisdicción», expresó.

Fuente: Córdoba 24