Le rescindieron contratos de obras al primo del Presidente
Enarsa llegó a un acuerdo para quitarle a un consorcio integrado por Iecsa, de Ángelo Calcaterra, la terminación de dos centrales eléctricas; pedía $ 8900 millones, le pagaron $ 510 millones
Después de proclamarlo verbalmente varias veces, el Gobierno ya envió una señal concreta al mundo empresario que vive de la obra pública: al momento de definir el futuro de cualquier contrato, pesa más la conveniencia del Estado que las relaciones familiares o la capacidad de lobby. Ese punto le quedó especialmente claro a Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, que acaba de perder por una decisión oficial uno de los negocios que había heredado del kirchnerismo.
El directorio de Enarsa estuvo reunido casi toda la tarde. Entre otras cosas, aprobó la rescisión de los contratos entre esa empresa estatal y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la española Isolux y la local Iecsa para la finalización de las centrales termoeléctricas Brigadier López, en San Lorenzo (Santa Fe) y Ensenada Barragán, en Ensenada (provincia de Buenos Aires).
El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, negoció las condiciones de la rescisión cara a cara con el primo de Macri y sus colaboradores por orden del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el propio Presidente. El Estado quería correr al consorcio del medio debido a que reclamaba una deuda millonaria que la actual gestión de la empresa estatal no estaba dispuesta a pagar. En el medio, se pararon las obras para la finalización de ambas centrales.
«Considero que es mejor un buen acuerdo que un mal juicio. Si esto terminaba en un litigio, iba a durar tres años, los abogados nos iban a costar lo mismo que estamos pagando hoy y la obra no se iba a poder terminar», explicó Balboa a LA NACION. Y aclaró: «Nunca hablé con el Presidente por este tema. Al único que informaba sobre el avance de la negociación era a Aranguren».
Calcaterra estuvo en la Casa Rosada.
Si bien algunas fuentes confirmaron que se reunió con su primo, el Presidente, otras señalaron que se juntó con su amigo personal José Torello, jefe de asesores presidenciales. «Es un tema delicado, porque es el primo del Presidente y pidió una cifra que el Gobierno no puede convalidar», señaló una fuente de la Presidencia en estricta reserva a LA NACION.
La ruptura del convenio se produjo luego de una larga negociación entre Enarsa y la UTE, porque nunca se llegó a un acuerdo de redeterminacion de precios en función de la inflación y de los índices de actualización que todavía tiene el Estado y que no representarían el valor real de la construcción por estos días, según la mirada de la UTE.
Números millonarios
El consorcio de Calcaterra reclamaba $ 7100 millones por diferencias en la redeterminación de precios, mayores costos financieros y reingenierías, que a valor de hoy suman unos $ 8300 millones, según el cálculo que hicieron en Enarsa. Luego presentó un pedido adicional en la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por otros $ 1600 millones.
En total, la UTE pidió $ 8900 millones para continuar con las obras en ambas centrales eléctricas. Pero Enarsa acordó pagarle $ 520 millones (el 5,6% del reclamo), deducida una deuda de $ 1000 millones que el consorcio tenía con la firma estatal.
En la Casa Rosada confiaron a LA NACION que la cifra elevada que reclamó Iecsa podría estar relacionada con los altos costos y sobrefacturaciones que se manejaban en las obras en las épocas del kirchnerismo y que el gobierno macrista se propuso revisar. Lo llamativo es que se le aplicaría esa revisión a la empresa del primo del Presidente, algo que el Gobierno quiere exhibir como caso testigo para otras obras en conflicto.
«No habrá contemplaciones con el primo del Presidente. Y esto se puede aplicar a otras obras como las represas de Santa Cruz Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, y la mina de Río Turbio, que también están en revisión», señalaron fuentes oficiales a este diario.
Además, Enarsa le compró por $ 1100 millones los materiales que estaban en la obra para ser usados. Se los entregará al futuro adjudicatario de las obras para terminar las centrales eléctricas.
El acuerdo con la UTE tuvo dos partes: la firma de nuevos contratos de finalización del ciclo abierto (la primera parte de los emprendimientos) y la rescisión del contrato por los ciclos combinados.
Emergencia eléctrica
La precariedad del sector energético también jugó sus cartas en la decisión oficial.
Desde diciembre del año pasado la Argentina está en emergencia eléctrica declarada, con la amenaza, otra vez este verano, de que la demanda supere a la oferta y el Gobierno vuelva a disponer cortes programados del servicio.
En ese marco, Enarsa buscará ahora licitar la finalización de ambas centrales para que aporten cuanto antes más electricidad a la red nacional.
La urgencia también influyó para que ambas partes hayan llegado a un acuerdo. Algunos funcionarios estudiaron la posibilidad de llevar a juicio al consorcio, pero eso hubiera demorado aún más la finalización de ambos proyectos.
Enarsa convocó a los subcontratistas de la UTE para pedirles que no abandonen la obra y que les sigan pagando a los trabajadores de la Uocra para no generar un clima de inestabilidad social justo a fin de año, por cuanto hubo amenazas sindicales de entablar una dura lucha en caso de despidos.
Las subcontratistas deberían cubrir los costos de la permanencia de sus instalaciones en la obra aunque sin trabajar, y ahora se negocia la parte en que se hará cargo Enarsa.
Ambas centrales están operando desde el año 2012 a ciclo abierto. El segundo paso del proyecto era el cierre de ambos ciclos, algo que quedó demorado por las diferencias entre el Estado y el consorcio. Con la rescisión en la mano, el Ministerio lanzará en los próximos días la licitación para terminar las obras, que aportarán un 50% más de energía a partir de diciembre del año próximo, cuando está prevista su culminación.
En otros términos: hoy Brigadier López puede producir 280 megawatts (MW) y Ensenada, 567 MW. Después de la ampliación, ambas aportarán 420 MW, el equivalente al 56% de la central atómica Atucha II. Un número para nada despreciable desde la mirada de un país en emergencia eléctrica, una situación que durará al menos hasta fines del año próximo.
El Nación prestará US$ 100 millones para renovables
El Banco Nación se adjudicó un cupo por US$ 100 millones para financiar proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, según anunció la entidad en un comunicado. Los fondos fueron licitados por el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (Fondear), como parte del programa RenovAr Ronda 1 del Ministerio de Energía y Minería.
El cupo adjudicado respaldará las inversiones de proyectos que realicen empresas calificadas previamente en el marco de dicho programa, e incluyan al menos un 30% de bienes de fabricación nacional. Las empresas beneficiarias recibirán créditos en dólares con plazos de hasta siete años, y con períodos de gracia de 18 a 24 meses. Dichos préstamos tendrán una bonificación en la tasa de interés (a cargo de Fondear) de 3 puntos porcentuales anuales, sobre una tasa Libor + 5 puntos.
Fuente: La Nación
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