Municipios cooperativos: claves para reducir la brecha social           

La igualdad de oportunidades es también un objetivo comunal. Involucra acciones conjuntas en salud, educación y vivienda, entre otras. Cómo abordar un proyecto de ‘sociedad posible’ en el corto, mediano y largo plazo.

La integración social y la necesidad de pertenecer a un grupo con igualdad de oportunidades es una aspiración ‘realizable’, incluso en las ciudades argentinas, aunque eso no es sinónimo de ‘sencillo’.

En el plano municipal, el camino para alcanzar niveles óptimos de igualdad social comienza por reflexionar acerca de los objetivos, mejores prácticas y coordinación entre organismos, instituciones y hasta empresas. ¿Cómo comenzar a transitar el camino a las ciudades inclusivas? Referentes sociales, municipios y organismos internacionales brindan sus pautas y recomendaciones para el desarrollo.

En principio, si la efectividad deviene del conocimiento y la experiencia, acceder a un primer panorama de lo que trata una acción de inclusión es el puntapié inicial. Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social del Municipio de San Martín, asegura en este sentido que los proyectos y las acciones que tienen este objetivo se basan en esencia en «trabajar con acciones de desarrollo integral frente a situaciones de vulnerabilidad y exclusión, y en la protección y promoción de derechos, generando condiciones para una vida digna».

Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Gabriel Lanfranchi, director del Programa de Ciudades, resalta en la necesidad de forjar una cadena que conecte a todos los agentes que trabajan para un proyecto de inclusión social municipal: «Podemos imaginarnos un ecosistema, es decir, una red de redes, que logra sacar lo mejor de una sociedad local y vincularlo. Las redes sociales nos enseñaron que no es sólo cuestión de vincular instituciones entre sí, sino personas que trabajan en instituciones y se vinculan entre sí por un fin común».

«Las políticas urbanas tienen hoy varios desafíos», alerta a su turno Cynthia Goytia, directora del Centro de Investigación de Política Urbana y de Vivienda (CIPUV), de la Universidad Di Tella (UTDT). En un estudio presentado en las últimas semanas sobre el acceso a la vivienda, Goytia considera menester realizar mejoras en la accesibilidad y movilidad en las regiones metropolitanas del país «con el objetivo de trabajar por la inclusión y el acceso a todas las oportunidades que ofrecen las ciudades». Para esto, afirma, es necesario repensar los instrumentos de políticas públicas para mejorar la oferta de suelo asequible y asistir al financiamiento del crecimiento urbano.

Desde el Área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) interpretan que los Estados «han intervenido en forma divergente» respecto a las políticas de inclusión y desarrollo social, prevaleciendo respuestas «acotadas y focales», pese al pretendido cambio de paradigma de «corte universalista». En ese sentido, dicen que «las acciones estatales han tendido a responder a la emergencia social, con mayor o menor eficiencia, pero revirtiendo en muy pocos casos las condiciones estructurales que la generan».

 

Problemas a atacar

Los obstáculos que eligen afrontar los municipios son oportunidades de crecimiento para sus ciudadanos. Reconocerlos es el primer paso para tomar dimensión de su tamaño y la estrategia que se utilizará para superarlo. Lanfranchi identifica cuatro principales problemas. En primer lugar menciona la «necesidad de reforzar las capacidades técnicas», ya que los equipos de los municipios suelen dedicarse a resolver las problemáticas diarias o más urgentes, por lo que armar equipos técnicos sólidos suele ser un eslabón débil dentro de las tareas de los gobiernos locales. En segundo lugar, menciona «la falta de Planificación». Para eso, aconseja dar lugar a procesos participativos, donde se involucre a la comunidad, a modo de garantizar que las decisiones y acciones logren sostenerse en el tiempo, más allá incluso de los cambios en las administraciones.

Por otra parte, menciona la «falta financiamiento genuino», dependiendo gran parte de los presupuestos locales en transferencias de la provincia o de la nación; y la «superposición de competencias con otras jurisdicciones», que deja algunos temas sin que puedan ser cubiertos por ninguna jurisdicción en particular.

 

Para todas las edades

En la visión de los expertos, las políticas de inclusión universal en materia de salud y educación deben trabajarse en conjunto y por edad, ya que las necesidades difieren mucho en este aspecto. Desde el municipio de San Martín, mencionan su plan ‘Crecer bien’, para impulsar la igualdad de oportunidades para niños de 0 a 5 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica. «Se brinda atención y contención física, emocional, cognitiva y social, acompañando a la familia», asegura Minteguía.

Para el segmento de 14 a 21 años, en cambio, el municipio propone los Centros Juveniles, que funcionan como espacios de integración de jóvenes, se realizan talleres de prevención, recreativos y de formación laboral, enfocado en aquellos que no trabajan ni estudian». En paralelo, la secretaría lanzó los programas de ‘Justicia Juvenil Restaurativa’, que busca «llegar a tiempo» para disminuir los niveles de reincidencia de jóvenes que hayan delinquido por primera vez, la cual asisten 266 adolescentes.

 

Acceso a la vivienda

El ‘techo digno’ es otro factor inclusivo y con serias deficiencias en el país. Según la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI), en el país hay 12,2 millones de hogares y el 16% de estos pertenecen a viviendas alquiladas, lo cual equivale a dos millones de familias. La falta de acceso salió a la luz en octubre pasado, con el llamado ‘Atlas de Precios de Suelo’, de la UTDT, que relevó más de 15 mil terrenos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 125 mil publicaciones de ofertas de terrenos online procesadas y 85 mil geolocalizaciones.

Según el estudio, en los últimos 12 años, el incremento del precio en dólares del suelo dentro de las ciudades de nuestro país, ha sido una constante. En la RMBA, el valor promedio de metro cuadrado de terreno ofertado desde 2004 a la actualidad creció 152%, de 105 US$/m2 a 265 US$/m2.  Con todo, sin incluir el costo de construcción de la vivienda, una familia con un ingreso de $ 15.277 tardaría 29 años sólo en adquirir un terreno.

«Estos datos explican, en parte, las dificultades de muchos de los hogares de menores ingresos para acceder al mercado formal de vivienda y suelo, y por qué las villas y asentamientos tienden a crecer en la región: resulta implausible para estas familias acceder a una vivienda las localizaciones ofrecidas», explicó Cynthia Goytia, directora del CIPUV, durante la presentación.

Además del acceso, está la falta de acceso al agua potable, gas y electricidad. Desde el CIPPEC, Lanfranchi reconoce que «no se puede pensar en un hábitat equitativo que no garantice el acceso a los servicios básicos». Para solucionar el problema, el experto cita programas del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) como ‘Agua más trabajo’ y ‘Cloaca más trabajo’, focalizados en GBA, los cuales produjeron un «alto impacto». Estos programas tienen el objetivo de reducir el riesgo sanitario de la población que carece de los servicios de saneamiento básicos y a su vez creación de empleo a través de la constitución de cooperativas.

Desde el ACIJ recomiendan ahondar en los diferentes instrumentos que se proponen en la ley de Acceso Justo al Hábitat, de la provincia de Buenos Aires, N° 14.449, dado que «plantean una serie de intervenciones que apuntan al problema estructural que los sectores populares padecen para hacer efectivo el derecho a la vivienda», aseguran en entrevista directa al medio.

 

Hacia una ciudad inclusiva

«Lo primero que debería realizar cualquier decisor público a la hora de planificar y diseñar políticas públicas es convocar a la población afectada por esa política», aseguran desde el ACIJ, al recomendar la participación vecinal en el diseño de los programas de gobierno.  Menciona como ejemplo los proyectos de urbanización de villas, en los que «es indispensable convocar a mesas de urbanización en los barrios para diseñar estos proyectos, los pobladores deben participar en el proceso de toma de decisiones y contar con la información para poder elaborar propuestas concretas». Citando el caso de la Ciudad de Buenos Aires, desde el organismo consideran que «deberían utilizarse los Consejos Consultivos Comunales para poder debatir los proyectos a implementar con los vecinos de cada barrio, realizar audiencias públicas y así priorizar los proyectos que cada comuna necesita».

Una vez planteados alguno de los problemas que pueden reconocer los municipios, Lanfranchi determina algunas de las claves para pensar y actuar de manera coherente con un proyecto de inclusión exitoso:

– Desarrollar un ecosistema de actores que se empoderen como protagonistas de los planes y acciones. Ellos serán clave para que las medidas se implementen, una vez definidas.

– Generar información confiable. Que se utilice como línea de base para poder definir y luego monitorear las políticas adoptadas.

– Elaborar un plan integral. Que tenga en cuenta a todos los sectores o grupos de interés, debe ser participativo, para que las soluciones sean diseñadas de manera colaborativa, y debe ser progresivo, para que tenga en cuenta la situación actual del municipio y su tendencia de desarrollo.

– Fondos de Inversión Social. Se trata de programas que consisten en proveer financiamiento para inversiones públicas a pequeña escala, algo ideal para municipios con menos de 100.000 habitantes. Los fondos de inversión hallan su sentido a través de la construcción de infraestructura social y pequeños proyectos productivos.

 

Buscar financiamiento

En la Subsecretaría de Asuntos Municipales se nuclea la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (Dinaprem), oficina encargada de ofrecer financiamiento de estudios en áreas donde los municipios tienen responsabilidad directa: agua potable; saneamiento; drenaje urbano; infraestructura comunitaria; infraestructura vial, residuos sólidos urbanos; parques industriales y planificación urbana.

A la hora de desarrollar obras e inversiones públicas, los municipios deben realizar distintos estudios previos, que les permitan analizar la viabilidad de los proyectos, determinar costos y beneficios y elegir la mejor línea de acción, en relación a su impacto económico, social y ambiental. Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municipales, explica que para acceder al financiamiento «se completa una solicitud en donde se describe el tipo de estudio que se pretende hacer y algunos datos estadísticos de la ciudad, remitiéndolos posteriormente a Dinaprem». Una vez recibido, se asigna a un analista que elabora los términos de referencia, «que es un detalle del tipo de estudios que se quieren hacer y los profesionales que se precisan para llevarlo a cabo».

En lo que va del año se han presentado más de 400 pedidos de municipios, de los cuales se han comenzado a ejecutar unos 100 estudios. Estudios como los del drenaje pluvial de Paraná, de Sala y Tucumán son uno de los ejemplos clásicos. Delfino menciona acciones en la provincia de Buenos Aires con estudios que abarcan varios municipios como la planta de tratamiento de efluentes de La Plata o el proyecto ejecutivo del acueducto del río Luján y el río Salado.

Fuente: El Cronista