Registro de Constructores RACOP Mendoza

Mendoza – Registro Administrativo de Contratistas de Obra Pública

Evaluarán a los contratistas de obras públicas

El Ejecutivo trabaja en la implementación de un registro para categorizar a las empresas, analizar antecedentes y puntuar su cumplimiento a fin de acceder a licitaciones.

Chicahuala explicó los alcances del Racop, que si bien ya existe, no se ha puesto en marcha.

Por un camino paralelo al anuncio de las obras que se vendrán para Mendoza, el Gobierno avanza en la reescritura de la reglamentación de un registro que permite calificar y categorizar a las empresas que se presentan a las licitaciones públicas, además de limitar el número de contratos que puede ganar una empresa.

Se trata de una nueva versión del Racop (Registro Administrativo de Contratistas de Obra Pública), una ley que existe pero que por falta de voluntad, no está en vigencia. En este sentido, la  gestión del gobernador, Alfredo Cornejo,  está trabajando por estos días en una nueva reglamentación, con la idea de “reinaugurarlo” dentro de un mes.

A partir de la puesta en marcha, el ministerio de Infraestructura se tomará de 30 a 60 días más para calificar a todas las empresas e incluirlas en el registro. En total, serán 112 firmas de la construcción que quedarán asentadas y que podrán participar en las licitaciones, según el puntaje que las evalúe para su competencia.

“Este registro le exige a las empresas entregar información financiera, legal y técnica, para conocer la capacidad que tiene cada una para ejecutar cada tipo de obras”, definió el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, y apuntó al objetivo que imagina, teniendo en cuenta el contexto nacional de denuncias por corrupción ligadas a la obra pública: “Le pone un límite al número de contratos que puede ganar una empresa, en función de su capacidad de contratación”.

En los hechos, el Racop existe por la ley 7.173, del 2004, sancionada en el gobierno del radical Julio Cobos.

“Desde el 2008 se fueron sucediendo distintas resoluciones que prorrogaron la entrada en vigencia del artículo 5, que es el que dispara la aplicación del Racop. A los fines prácticos, el registro nunca entró en funcionamiento”, señaló Chicahuala y dijo que si bien existe la oficina de la Dirección del Racop (en el ministerio de Infraestructura), nunca supo bien en qué trabajó en las gestiones anteriores.

En lo que queda, el subsecretario de Infraestructura dijo que desde hace tres semanas se vienen realizando reuniones con las tres cámaras de la Construcción, con las que han analizado todos los cambios y, a su vez, han recibido las propuestas. Estas son la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Empresas Constructoras Independiente de Mendoza y  el Círculo de Constructores de Mendoza.

La idea es que la semana que viene esté el “libreto final” y que dentro de un mes entre el Racop quede reglamentado.

Las calificaciones de las empresas

Con respecto a lo que sucede hasta ahora, si bien el certificado del Racop debe ser presentado por la empresa en la licitación, junto con el resto de la documentación, en los hechos no cumple con la función de limitar a las empresas. Este es el objetivo que ahora se plantea con la reedición de la ley.

La idea es evaluar a las empresas en tres áreas. Una es la legal, en la que se dé cuenta sobre la constitución de la empresa. Otra es la situación financiera, en base a los últimos tres balances. Este último dará un puntaje que se traducirá en un valor económico.

El tercer criterio es el técnico, para conocer la capacidad que tiene cada una de las empresas para ejecutar cada tipo de obras. En este aspecto también se dará un puntaje y un valor económico, que se sumará al anterior y determinará la capacidad anual de contratación de cada empresa.

Este puntaje o calificación final será tenido en cuenta a la hora de determinar si una compañía en particular puede acceder a una licitación. “Si una empresa tiene $ 100 millones de capacidad, por año no puede acceder a más de eso”, ejemplificó el funcionario. “Una vez que esté  habilitada para licitar en determinada categoría, es una cuestión de competitividad”.

“Con eso nosotros nos aseguramos que las empresas que participan en las licitaciones sean financieramente sanas y técnicamente puedan ejecutar la obra”, resaltó Chicahuala.

Además de estos tres criterios, se considerarán otros aspectos, como el índice de accidentalidad, los sistemas de cuidado del medio ambiente, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en la protección de los obreros, el cumplimiento con las ART, si ha tenido multas, además de los índices de la calidad de ejecución de la obra, es decir, si la hace en tiempo, en los parámetros del presupuesto, si tiene muchos errores en la construcción y si ha tenido que volver a hacer los trabajos.

“También vamos a medir la capacidad individual de contratación, que es hasta qué monto de obra puede contratar. Si una empresa tiene 100 millones anuales y 20 individuales, significa que esa empresa puede acceder a 5 contratos de 20 millones en un año pero no puede acceder a un contrato de 100”, ejemplificó Chicahuala.

Todos estos datos se trasladarán a un puntaje y se otorgará un certificado de aptitud para que las distintas firmas puedan presentarse en las licitaciones.

 

Fuente: Los Andes