Obra pública, la apuesta para levantar la economía en 2017 

En un marco recesivo pero con fondos del endeudamiento externo, la infraestructura será clave de cara al año electoral.

Constructores

Los trabajos en la red vial forman parte de los planes de inversión a  nivel nacional y provincial. También hay proyectos para financiar obras públicas.

Con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte, y en medio de una recesión económica que no promete traccionar demasiadas adhesiones, la obra pública es la gran apuesta de los distintos niveles del Estado para mantenerse competitivos el año próximo. Parte del endeudamiento tomado o por tomar luego del acuerdo con los fondos buitre se destinará a financiar proyectos de infraestructura y, de a poco, las inauguraciones y cortes de cinta ya calientan el debate político y la relación entre Nación y provincias. 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, abrió hace unas semanas esta temporada de debate al informar en la comisión de Obras Públicas de Diputados los puntos principales de lo que llamó el «más ambicioso plan de infraestructura de la historia». Su exposición se acotó a las áreas que conciernen a su dependencia ya que, tras la reestructuración del gabinete, buena parte de los planes están en cabeza de las carteras de Transporte y Energía.

En su Ministerio, los objetivos generales del programa trienal apuntan a la infraestructura de salud, educación y vivienda. En este último punto, se pone la meta de construir 120 mil viviendas sociales para paliar el déficit habitacional. Pero el corazón de su estrategia es el plan de Aguas, para garantizar el 100% de cobertura en el acceso de la población al agua potable y del 75% en el servicio de cloacas.

Actualmente, según datos del funcionario, la cobertura es del 80% y 50% respectivamente. Ese programa demandará hasta 2019 una inversión de 15 mil millones de dólares y ya fue motivo de los primeros cruces con gobernadores e intendentes, que aseguran que el grueso de la inversión será destinada al Gran Buenos Aires.

Durante su informe a los diputados, Frigerio señaló que pretende avanzar en un esquema de «corresponsabilidad» en el financiamiento de obra pública en los territorios, con 30% de fondos aportados por las provincias y 70% por parte del Estado central. Otra herramienta para el desarrollo de infraestructura será el de la asociación público-privada, un proyecto que promete levantar polémica.

El plan; que contempla además de la inversión para ampliar el acceso a los servicios sanitarios, un desembolso de 900 millones de dólares en obras de adaptación al cambio climático, de 1.200 millones de dólares para desarrollar el riego y de 3.200 millones para proyectos multipropósito relacionados con el manejo del agua, tendrá oportunidad de ser debatido cuando se presente el proyecto de presupuesto 2017 en la Cámara baja.

De hecho, el gobierno nacional ya envió al Parlamento un anticipo de las previsiones para el año próximo, con proyectos de obras por 122 mil millones de pesos. Incluye 6.250 millones de dólares para el plan nacional de transporte (el objetivo es apuntalar el transporte ferroviario y fluvial). También trabajos en movilidad urbana, red de expresos regionales, infraestructura social, ciencia y tecnología, y generación de energía.

Previamente, el presidente Mauricio Macri firmó el decreto 797 que autoriza el endeudamiento en 100 mil millones de pesos para financiar un plan trienal de obra públicas. De ese monto, 45 mil millones de pesos se destinarán al soterrameinto del ferrocarril Sarmiento. Otros 12 mil millones de pesos se volcarán a la construcción de una estación de trenes metropolitanos debajo del Obelisco.

Diputados de la oposición, consultoras privadas y voceros informales de la Municipalidad de Rosario, llamaron la atención sobre la fuerte concentración de los proyectos de obras públicas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde el oficialismo nacional enfrentará la madre de todas las batallas en materia electoral. Es que la distribución de los recursos para obra pública formará parte también de la pelea política, en un año en el que el pico y la pala alimentaran las aspiraciones electorales.

 

Obras locales

Desde el gobierno local esperan, por ejemplo, que el Estado nacional cumpla con los acuerdos para hacer su aporte al plan de obras de la red cloacal en la ciudad, que se inició hace seis años y cubrió el 85% de la ciudad. Actualmente se trabaja en tres barrios y la inversión pautada es de 102 millones de pesos. El gasto de capital presupuestado para 2016 asciende en la ciudad a 1.400 millones de pesos. Todavía no se conocen las previsiones para el año próximo. La inversión contemplada en este programa incluye intervenciones en el marco del plan Abre, el plan local de hábitat, la revitalización del cerca y la ampliación de la conexión a la red de gas.

En el caso del gobierno provincial, el aumento de la inversión pública en infraestructura fue una de las promesas de campaña de Miguel Lifschitz. Por eso metió su cuchara en la elaboración del presupuesto 2016, que estuvo a cargo de su antecesor, Antonio Bonfatti. La partida para gastos de capital por 11 mil millones de pesos e incluyó la duplicación de recursos asignados a la Dirección Provincial de Vialidad.

La pretensión de hacer de la obra pública el sello distintivo de su gestión se plasmó en la creación de un Fondo de Infraestructura Vial, que entre otras cosas recibe la mitad de la recaudación del inmobiliario rural. Se trata de la totalidad de lo que le corresponde a la provincia, ya que el resto se destina a municipios y comunas.

Pero, indudablemente, la devolución del 15% de la coparticipación que desde los pactos fiscales de los 90 se detraía para financiar a la Ansés llegó como la caballería para asistir al cumplimiento de estos sueños de asfalto. Son 500 millones de pesos mensuales adicionales que el gobernador dispuso utilizar para financiar infraestructura. Con parte estos recursos, el gobierno provincial ya licitó 3.500 millones de pesos de repavimentación y acondicionamiento de la red caminera.

 

Deuda

Más acá en el tiempo, el acuerdo legislativo que autorizó al Ejecutivo provincial a endeudarse en 500 millones de dólares para financiar obra pública, alisa el camino para un 2017 a pura cinta. Compartida, claro está, con los senadores provinciales que sometieron el plan a un riguroso escrutinio y una estricta negociación.

Los nuevos recursos y la continuidad del ciclo político permitió a las administraciones locales mantener el ritmo de trabajos públicos durante el primer semestre del año, frente a la parálisis de la obra pública nacional.

Durante su exposición en la comisión de obras Públicas de la Cámara baja, el secretario del área, Ricardo Delgado, admitió que en los primeros de seis meses del año el ritmo de ejecución de obra pública alcanzó apenas al 37% del presupuesto de 200 mil millones de pesos asignado a nivel nacional para 2016. Señaló que esto empezó a cambiar en la primera mitad del año. De hecho, la consultora C&T señaló que en los tres niveles del Estado se triplicaron las licitaciones de obras durante el segundo trimestre, a un ritmo de 50 convocatorias mensuales. Para Frigerio, con estos planes para el 2017, se crearan 200 mil puestos de trabajo.

Fuente: La Capital (Santa Fe)