Acercándonos al punto de inflexión

La demora en los efectos del ordenamiento llevó al Gobierno a tratar de estimular el consumo con el derrame de los jubilados. Con poca inversión habría grandes resultados.

Las recesiones prolongadas y profundas afectan el mercado de trabajo y pueden introducir a la economía en un círculo vicioso del cual es más difícil salir. En cambio, la caída del nivel de actividad en la Argentina, que se inició a mediados de 2015, no ha provocado un aumento significativo del desempleo, salvo en el sector construcciones, por lo que se está a tiempo de evitar males mayores.

Dado que la inversión privada actúa con rezago, sea por condiciones financieras o por la necesidad de ver resultados, y que las exportaciones industriales siguen muy deprimidas, los malos datos de abril y la ansiedad del Gobierno llevaron posiblemente a adelantar las medidas conocidas en los últimos días.

Para quebrar la inercia recesiva, se busca revitalizar la obra pública e inyectar al consumo más de un punto del PBI (en régimen) de la mano del proyecto de reparación para 2,2 millones de jubilados. La apuesta del Gobierno no está exenta de riesgos, ya que aún el resultado del blanqueo es incierto, habrá mayores desafíos en materia fiscal y la agenda de competitividad sigue desdibujada. Sin embargo, los mercados parecen valorar más la gobernabilidad, por lo que el riesgo país sigue bajando, con un Bonar 24 que hace un mes pagaba un spread de 560 puntos básicos y ahora perfora el piso de los 490 puntos.

 

Alerta para las capas medias.

Con la economía enfriándose desde mediados del año pasado y con tanta inflación reprimida, era muy difícil evitar el impacto negativo en el plano social de las medidas de sinceramiento con las que arrancó el Gobierno. Aquellos que esperaban un “ajuste” tradicional creyeron encontrar todos los datos que confirmaban su hipótesis. Sin embargo, hay peculiaridades que permiten suponer que, esta vez, el ajuste puede ser más intenso sobre las capas medias en lugar de las franjas de mayor precariedad de ingresos. Esto tiene que ver con las condiciones de origen y con los instrumentos que selecciona la actual gestión.

Entre las condiciones de origen se destaca la notable precariedad social que forma parte de la herencia, pese al aumento récord de gasto público experimentado en los últimos tres quinquenios, que acumuló más de 15 puntos del PBI consolidando las tres jurisdicciones. Casi el 90% de ese incremento fue a partidas corrientes que no dejaron sedimento y los fondos que se aplicaron a obra pública adolecieron de falta de planificación y de control. El tamaño de los logros sociales ha sido ínfimo en relación con el esfuerzo fiscal realizado.

De acuerdo con estadísticas de Cedlas y del Banco Mundial, se anotan en el haber la reducción en necesidades básicas insatisfechas y la mayor participación de la clase media en los ingresos totales, junto con la mejora de indicadores laborales (muy dependiente del empleo público). Si se focaliza en los partidos del Gran Buenos Aires y se compara 1998 con 2015, se tienen mejoras marginales en población por debajo de la línea de pobreza (individual), de 31,4% a 31,1% y del porcentaje de asalariados informales, de 37,8% a 35,7% (fuente: Ieral).

 

Efectos prácticos.

Bajo la actual restricción presupuestaria, de las medidas y proyectos en danza corresponde seleccionar aquellos con efecto simultáneo sobre la distribución del ingreso y el crecimiento. Dentro del gasto social, educación, salud y seguridad son prioridades absolutas, pero los funcionarios y trabajadores de estos sectores deberían poner su parte, cuidando los recursos como si fueran propios. Resulta difícil admitir, tal como lo subrayó un reciente informe de Idesa, que de 2004 a 2015 se haya triplicado el costo de formar cada uno de los nuevos profesionales egresados de las universidades nacionales. Hay gran margen para mejorar, porque la anterior administración descuidó notablemente la gestión, quizá porque pensó que con los subsidios bastaba para ganar elecciones.

Aquellos subsidios, de todos modos, no alcanzaron para evitar la descapitalización del sector energético: de 2008 a 2014, la oferta local de gas se contrajo un 20%, y eso multiplicó las importaciones, mientras que en electricidad, el Gran Buenos Aires pasó a sufrir nueve interrupciones de servicio por año, con una duración promedio de 31 horas cada vez.

Para esquivar el escenario venezolano, era inevitable subir tarifas, lo cual deja menos margen a la población para otros consumos y servicios. Pero sin infraestructura energética habría incomodidades crecientes y cada vez menos puestos de trabajo por falta de inversiones aguas abajo del sector. La energía no puede faltar cuando se buscan comunes denominadores entre crecimiento y lucha contra la desigualdad. La función de la tarifa social aquí es clave, ya que puede preservar la distribución del ingreso sin sacrificar inversiones.

Se configura así una situación inédita, ya que por la magnitud de los subsidios económicos preexistentes, que llegaron a 5 puntos del PBI, puede darse un escenario en el cual este monto total se reduzca, aliviando el rojo fiscal pero que, al mismo tiempo, los fondos que subsistan sean mejor focalizados y tengan un impacto más perceptible sobre las capas de menores ingresos. Esto se lograría si hay plena coordinación con los programas de índole típicamente social.

Precariedad y oportunidad. El poder de fuego es enorme, justamente por la precariedad social heredada. Ocurre que el 20% de la población ubicado en los dos deciles de menores ingresos captura sólo el 5% del PBI nacional. Por ende, medio punto del PBI de fondos reorientados significa una mejora del 10% en términos reales.

Es en la dimensión de la obra pública donde el objetivo simultáneo de empleo y crecimiento está más al alcance. De 2004 a 2015, el “gasto de capital” del sector público nacional se incrementó un 225% en términos reales, pero las filtraciones hicieron que la obra pública sólo se expandiera un 91%, de acuerdo al indicador respectivo del ISAC. Este año, en los primeros cinco meses, posiblemente la ejecución de las partidas respectivas no supere el 33% del monto anual. Por ende, si en siete meses se completan los desembolsos, deberíamos asistir a incrementos de más del 15% interanual en términos reales de aquí a fin de año. Y el impacto en materiales y mano de obra sería todavía mayor, ya que los pesos deberían rendir mucho más.

Fuente: Perfil