Delegan en las provincias financiamiento para obras

El gobierno decidió delegar en las provincias un tercio del financiamiento para obras

El gobierno nacional empezó a consolidar una nueva «filosofía» para realizar obras públicas: les pide a las provincias que se hagan cargo de un tercio del financiamiento de los proyectos. Será la regla de la mayoría de los planes que vienen e, incluso, abarca algunos ya licitados durante la etapa kirchnerista. Sin demasiada presentación, varios gobernadores se fueron enterando con cuentagotas de la intención oficial de cambiar el esquema. Así, se les vuelve inevitable la opción de endeudarse para afrontar esos compromisos, camino que allanó la Casa Rosada al promover un acuerdo a punto de saldarse con los fondos buitre.

La disposición de Mauricio Macri encaja dentro de la revisión total del desarrollo de infraestructura, que pondrá otro orden de prioridades y aún define qué iniciativas impulsará en los próximos meses. Además del Plan Belgrano, enfocado en el norte del país, se prepara un menú social atado a la promesa de «pobreza cero», que incluye agua potable, cloacas y saneamiento.

Entre los distritos en los que ya se aplica para casos puntuales la modalidad de desembolsar el 33% de las iniciativas, mientras que la Nación se ocupa del resto, están Chaco, Entre Ríos y Córdoba. Otro puñado está al tanto, aunque aún no se implementó formalmente en sus territorios.

Ayer, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 102, que crea la Comisión de Concertación y Coordinación Operativa de la Obra Pública y Vivienda Federal, bajo la órbita del Ministerio del Interior, conducido por Rogelio Frigerio. ¿Para qué? Tendrá la tarea de monitorear la marcha de los programas y elaborar nuevas propuestas, junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

La comisión fue diseñada como una especie de «mesa política» a la que se sentarán los actores relevantes del rubro, después de la fricción que generó el freno de envíos de fondos para obras a las provincias. El parate ocurre desde cuatro meses antes de que Cristina Kirchner dejara el poder. Los giros se detuvieron -y paralizaron los emprendimientos- no sólo por la escasez de recursos, sino también porque todo entró bajo la lupa de una auditoría. Antes de cada desembolso, debían constarse contrato y certificado de obra presentado, según reveló hoy La Nación.

En el interior, la situación sigue tomando temperatura. «Hay obras que todavía están paradas, es insostenible», sostuvieron desde una de las gobernaciones más prolijas. Desde septiembre, en total, se perdieron casi 60.000 empleos en la construcción. «De los casi 10.000 millones de pesos que debía el Gobierno, ya se pagó más del 70 por ciento», aclaró a LA NACION Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de Obra Pública.

No es un dato menor que Juan Manuel Urtubey, el gobernador con vínculo más fluido con Pro, empiece a deslizar críticas directas. «Enfrentamos el año más complejo en mucho tiempo», dijo en su discurso de apertura de sesiones legislativas, el viernes pasado. «El Norte necesita menos anuncios grandilocuentes y más avances concretos», asestó.

El jueves, una mesa chica de ministros de Economía de las provincias se reunió con funcionarios de Interior. Se fueron con el peor humor. Siguen avanzando con pie de plomo en la restitución escalonada del 15% de recursos coparticipables que se les descuenta a las provincias, un paliativo que les alcanza para compensar la merma que sufren las cajas provinciales por las modificaciones en el impuesto a las ganancias y la baja de retenciones a la soja.

La propuesta del Gobierno es otorgar este año el 3% en efectivo, más otro 3% en una herramienta financiera opcional. Desde entonces, hubo tironeos de los caciques peronistas para estirar esa cifra, ante la posición irreductible del macrismo. En eso están.

Tampoco, juran, les fue bien a los ministros provinciales con el tucumano Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat. A algunos les propuso devolver en seis cuotas la deuda acumulada en certificaciones de obra y estallaron de bronca. Es que el Gobierno se comprometió a fines de enero a girar el total en cinco semanas.

Sólo unos pocos tuvieron mejor suerte. El pampeano Carlos Verna, uno de los halcones en la pulseada con la Casa Rosada, consiguió fondos frescos. «Creo que me dieron estos 400 millones, y otros 500 más que me están por dar, para que me calle», ironizó, entre risas.