Proyectan un plan de puesta en valor para Rutas Bonaerenses

Aubasa, además de administrar la autopista Buenos Aires – La Plata, pasaría a administrar la ruta 6 y la ruta 11. También la habilitarían para realizar obras públicas

Ausa, o Autopistas Urbanas SA, es la empresa controlada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (posee el 95% del paquete accionario), que explota y administra las autopistas que recorren el territorio porteño.

Bajo su responsabilidad quedan las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno y Arturo Illia. Además mantiene y administra las autopistas Dellepiane, 9 de Julio Sur y Presidente Cámpora, junto con las avenidas Cantilo y Lugones, estas dos últimas de acceso gratuito y en las que no se cobra peaje.

Ausa tiene un contrato de concesión de obra pública con el gobierno porteño, a través del cual se le otorgó la administración, mantenimiento y explotación de la red de vías rápidas interconectadas. Ese contrato establece que Ausa no puede erogar más de un 40% de sus ingresos para afrontar los gastos de operación y mantenimiento ordinario de las autopistas. El 5% de sus ingresos deben destinarse a un fondo permanente para la ampliación de la red de subtes porteños (Esbasa, o la Empresa de Subterráneos de Buenos Aires posee el 3% del paquete accionario de Ausa), mientras que, al menos el 55% de los ingresos generados por los peajes se debe utilizar para la ejecución de las obras públicas que la Ciudad le encomiende.

Durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, y lejos de su metier como administradora de autopistas, Ausa fue la encargada de construir una serie de pasos bajo a nivel (“sapitos”), que ayudaron a descongestionar el tránsito, fundamentalmente sobre la traza del Ferrocarril Mitre dentro del territorio capitalino.

Ese modelo de gestión, ahora, pretende ser trasladado a la provincia de Buenos Aires para que lo utilice Aubasa (Autopistas de Buenos Aires SA), la empresa creada durante la gestión de Daniel Scioli y que administra el corredor de la autopista Buenos Aires – La Plata.

Según sostienen fuentes cercanas a la gobernadora María Eugenia Vidal, Aubasa es una empresa superavitaria. Se estima que, con la recomposición tarifaria que comenzó a regir a partir del primer minuto del viernes, dejaría durante 2016 ganancias que podrían alcanzar los 200 millones de pesos.

Si avanzan las reformas que por estos días se planifican en el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, a cargo de Edgardo Cenzón, Aubasa pasaría, antes de fin de año, a controlar y a administrarla ruta 6 -180 kilómetros de autovía entre Zárate y Etcheverry- y también el corredor del Atlántico, (Ruta 11).

En el caso de esta última, habría consenso en varias áreas del gobierno provincial en cuanto a la baja calidad del servicio que presta la concesionaria del corredor vial del atlántico y se analizarían diferentes opciones para apartarla y que, en definitiva, sea Aubasa la que tome el control de la vía de comunicación hacia el Partido de la Costa y aledaños.

POR LA BANQUINA

Quienes tienen algún poder de decisión dentro del organigrama de la cartera de obras públicas provinciales sienten que, en el caso de las rutas, marchan la mayoría de lasa veces por la banquina y no en muy buenas condiciones.

Dentro del territorio bonaerense corren algo así como 13 mil kilómetros de rutas provinciales, la mayoría de ellas abandonadas a la buena de Dios, sin mantenimiento y rotas. Se dice, una situación incomprensible dentro del corazón productivo del país.

Tal vez el plan de reestructuración vial comience por la ruta 6, a la que se le pretende dotar de un nuevo tramo desde su empalme con la ruta 215 -la que une La Plata con Brandsen- y que le permita acceder al Puerto de La Plata por la calle 90.

El proyecto, a mediano plazo, se pondría en marcha bajo la responsabilidad de Aubasa. Fuentes irrefutables adelantaron a EL DIA que en el gobierno provincial se analiza seriamente la posibilidad de comenzar a cobrar peaje en la ruta 6 antes de fin de año.

Sobre esa misma traza se realizarían “profundos” trabajos de mantenimiento para solucionar severos inconvenientes detectados en el asfalto.

Un informe técnico que ya estaría sobre el escritorio del ministro Cenzón cuestiona la técnica utilizada para su reciente asfaltado y ampliación.

Una calificada fuente confió que el suelo de arcilla expansiva presente en la zona por donde discurre la ruta facilita el movimiento y desplazamiento de las placas de hormigón utilizadas en su construcción. “El suelo se mueve y las placas se rompen. Para arreglarla habría que moler y quebrar el cemento para luego colocar una capa asfáltica por encima”, se explicó. Esa técnica de reparación tendría un costo que se considera elevado y que la provincia estudia si está en condiciones de realizar.

Fuentes cercanas al titular de la cartera de Infraestructura, sin embargo, aseguraron que la decisión de ampliar el área de incumbencia de Aubasa está prácticamente tomada, como así también la decisión de permitirle la realización de pequeñas obras de infraestructura, ajenas al tema específico de las autopistas.

Aunque nadie lo confirmó oficialmente, se especula con que una de esas obras sería el paso bajo a nivel sobre las vías del ferrocarril Roca, en el cruce de las calles 1 y 32.

Independientemente del futuro de Aubasa y de los corredores viales que tenga bajo su control, en el Ministerio de Infraestructura se avanza, por estos días, en la elaboración de un plan estratégico para revitalizar el cascoteado sistema de rutas provinciales.

En el viejo -y también abandonado edificio de Obras Públicas de 7 y 58, no son pocos los que se entusiasman con lo que viene, o al menos, con lo prometen que se viene.

Con el Presupuesto provincial ya aprobado, saldrán primero a antender la emergencia de los pagos atrasados a proveedores que, cuentan, comenzará a resolverse, creen, con la emisión de un bono sobre el que, hasta ahora, no hay mayores precisiones.

La prioridad, dicen, estará en la puesta en valor de las rutas que atraviesan el corredor productivo. Una fuente de trato diario con el ministro Cenzón se sinceró ante EL DIA. “No tenemos fondos para hacer a nuevo todas las rutas de la provincia, pero sí para ponerlas en valor. Yo le aseguro que en poco tiempo la gente comenzará a ver las máquinas de vialidad trabajando y trabajando mucho”.

Para esa fuente, “poner en valor” la red vial provincial significa, fundamentalmente, realizar trabajos de bacheo y señalización.

La muestra de lo que se pretende, cuentan, la dará la ruta 41 que, desde Baradero, cruza longitudinalmente el territorio bonarense hasta unirse con la autovía 2, a la altura de Castelli. “Esa es la ruta de producción agrícola. Y el compromiso de este gobierno es el de transformarla en una vía por la que se pueda circular con seguridad, que no es lo que ocurre ahora”, se adelanta desde el gobierno provincial.

Los proyectos y las ideas, por lo que el cronista puede recoger, fluyen con cierta naturalidad. Que lleguen a convertirse en realidades, como se sabe, es otra cosa.

María Eugenia Vidal, poco de asumir, habló de la necesidad de decretar la emergencia en varias áreas del gobierno. Consiguió ese status para el área de Seguridad y también para las cárceles. No tuvo la misma suerte en Infraestructura.

En el Gobierno insisten en atribuir ese traspié al lobby de las constructoras prestadoras de servicios en la Provincia.

El decreto de emergencia pergeñado por Vidal contenía una cláusula polémica. Eliminaba el requisito de estar inscripto como proveedor provincial a todo aquel que quisiera licitar obras públicas en la provincia.

Algunos sectores, al parecer, temieron que esa apertura, liberara el terreno para que mega constructoras foráneas coparan el mercado.

Ese temor, dicen en el gobierno, es infundado. El jueves último el ministro Cenzón se reunió con la Cámara de la Construcción bonaerense. Los términos de la charla no trascendieron oficialmente, pero cuentan que el clima fue, al menos, tenso.

Para la actual administración bonaerense el estado en que se encuentra la provincia es una cabal muestra de un sistema de gobierno de la cosa pública que fracasó. “La provincia está fundida. Todos – y ese todos incluye a los empresarios- deben asumir que el modelo sobre el que estaban acostumbrados a trabajar, fracasó. Nosotros venimos con otra impronta. Venimos con la decisión de cambiar, para mejorar. Las reglas de juego van a ser claras. Si nos acompañan, todos vamos a salir ganando”, asegura un alto funcionario provincial, con capacidad de decisión.