Metalúrgicas quieren licitaciones por separado para ganar obra pública

El dilema de optar entre licitaciones integrales o licitaciones parciales.

Mendoza – Subcontratar proyectos civiles las desfavorece porque ganan menos, pese a que los concesionarios “se cubren” con 20% extra.

Las empresas metalúrgicas buscan asegurarse una mayor presencia en licitaciones públicas.

Mantener la relación como subcontratistas o competir en un pie de igualdad. Así puede resumirse un planteo de la metalmecánica mendocina, en busca de asegurarse mayor presencia en las licitaciones de obras públicas y, de ese modo, prescindir del vínculo con la mayoría de las constructoras que se adjudican contratos, que les permitiría una mejora en la rentabilidad.

“Porque la mayor parte son obras civiles que subcontratan, pagando cualquier precio a las metalmecánicas para quedarse con la porción más importante de la ganancia”, argumenta Julio Totero, titular de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos).

Pero no es el único factor para explicar el propósito de equilibrar cargas en los contratos donde 70% es obra civil y 30% metalmecánica o metalúrgica.

“Muchos pliegos licitatorios vienen con nombre y apellido. Lo que se pretende es que la capacidad de compra del Estado se vuelque más equitativamente a las empresas, sin que le salga más caro sino lo contrario, con contribuyentes locales que hoy quedan supeditados al precio que paga el contratista, que muchas veces son empresas foráneas”, añade el dirigente.

Parte del mismo es, vía beneficios del Compre Mendocino, asegurar más incentivos a la Ley de Compras de la provincia. En definitiva, estudiar una subdivisión de los pliegos en obras civiles y metalúrgicas.

Para el sector de la construcción, que la pretensión prospere, depende de una multiplicidad de condiciones, tanto vinculadas a la magnitud de cada obra como a la “espalda” y trayectoria de las empresas aspirantes a adjudicarse más licitaciones.

Según el presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza, Jorge Sanchís, “es una cuestión lógica querer estar mejor; habría que ver la capacidad, antecedentes y espalda en cada caso. Hay obras en las que la parte metalmecánica tiene gran incidencia y otras donde desde el punto de vista logístico y de tiempos, no tendría sentido dividir el contrato”.

Además de relativizar el tema de costos y diferencial de precios y márgenes, Sanchís apela a una pregunta retórica para mencionar el difícil contexto financiero de la Provincia. “¿Por qué no se presentan en la licitación de una obra civil y corren con riesgo? Aunque el Gobierno no pague, el subcontratista tiene que cobrar igual, más allá de ciertas demoras”, enfatizó el empresario.

Por su parte, Marcelo Rallo, director de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes de la Provincia, remarcó que la prioridad para proveedores mendocinos está vigente. “Siendo objetos distintos los que se contratan, no debería haber inconvenientes para hacer dos procedimientos de contratos diferentes”.

Justamente, el “compre mendocino”, esa figura que suele aplicarse a muchas inversiones pero que no siempre se cumple, es una palanca para alcanzar el objetivo. Un estudio realizado por Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) muestra que en 2007 la Provincia totalizó compras en obras y servicios públicos por unos $ 800 millones, con un 50% de proveedores locales.

Pero las condiciones de contratación son otra variable puesta sobre la mesa en pos de mejoras en los ingresos. “Una subcontratación lleva un sobreprecio, como mínimo, del 20%, contando carga impositiva provincial y nacional. En un contrato de $ 5 millones, le significa al Estado pagar $ 6 millones, sin contar utilidades. Pero hay una doble imposición, si se tiene en cuenta que también las cargas termina pagándolas el que subcontrata”, describe Totero.

A criterio de Sanchís, en obras de magnitud, la transferencia de costos no existe. Sin embargo, el directivo advierte el riesgo de que, si el Estado pasa a ser contratante directo, el atraso de pagos se convierte en un problema.

“No cualquiera puede meterse en la obra pública en este momento, como tampoco hay metalúrgicas que trabajen sin adelanto. El Estado no paga 50% como lo hace el contratista, a pesar de importantes atrasos en los certificados de obra”, redondea.

Fuente : Los Andes