Reglamentaron el régimen Público-Privado en Provincia de Buenos Aires, con cláusula anticorrupción

En medio del freno que se espera a la obra pública en el país tras el ajuste en las cuentas públicas producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno bonaerense reglamentó la adhesión de la Provincia a la ley Nacional de Contratos de Participación Pública Privada (PPP), e incorporó una cláusula para excluir de los proyectos con financiamiento internacional a empresas sospechadas de corrupción.

La reglamentación designa al Banco Provincial de Inversión Pública (Bapin) “como ventanilla de ingreso de todo contrato a ejecutarse bajo la modalidad”. Además, establece la creación del “Banco de Proyectos de Participación Público-Privada”, que será el encargado de recopilar los proyectos provinciales y municipales que luego serán seleccionados y presentados para su financiamiento.

Fuentes del Gobierno explicaron a DIB que una vez en marcha ese registro, tanto los municipios como la Provincia podrán presentar propuestas de obras, cuya factibilidad y presupuestos deberá ser analizada antes de que se concrete la convocatoria a inversores.

En un apartado de la reglamentación, el Gobierno dispuso que en caso de que los proyectos sean financiados por organismos multilaterales de crédito se rechazarán las ofertas de empresas que se encuentren incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “a raíz de conductas o prácticas de corrupción”.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) ya mostró su preocupación luego de que se dieran a conocer las propuestas de los distintos consorcios para la construcción de la obra del acueducto Río Colorado – Bahía Blanca, a partir de los análisis preliminares de las ofertas de las firmas, algunas de ellas vinculadas al procesamiento y embargos del capítulo argentino del Lava Jato.

 

El régimen

Los contratos de PPP se crearon por ley en 2016 y actualmente se están iniciando las primeras licitaciones. Integran al sector público nacional con el privado con el objeto de desarrollar diversos proyectos, aunque largó con rutas. El PPP tiene como condición que el privado pague la obra. Luego, el Estado se devolverá el dinero mediante un bono que no es soberano. Al no ser soberano, calculan en el mercado, tendrá una tasa de interés algo más cara. La duda es conocer cuánto más caro será.

Desde el Gobierno bonaerense destacaron a DIB que la regulación provincial es “consistente con la nacional y alineada con prácticas internacionales recomendadas en el sector”, y señalaron que con al adherirse a este tipo de procedimientos “la Provincia se encuentra en mejores condiciones para apoyar la política de PPP?s de la Nación y da un paso más en el camino para desarrollar sus propios proyectos”.

Además, explicaron que “se está trabajando de forma coordinada con los responsables de la política de PPPs en la Nación. La Provincia avanzará con sus propios proyectos, que suelen ser de menor volumen de inversión, procurando complementarse con los calendarios de licitación de los programas federales”.

Fuente: La opinión