La infraestructura vial en 33 años de democracia

Muchas promesas, pocas obras, y fabulosos negocios y negociados con la obra pública, que solo han beneficiado y siguen beneficiando a la Cámara Argentina de la Construcción, al nefasto Club de Peaje (concesionarios viales), y a los amigos del poder. Todo por encima de la defensa del interés y bienestar general.

En estos últimos 33 años de democracia, los usuarios viales no tenemos nada que festejar.

Muchas promesas, pocas obras, y fabulosos negocios y negociados con la obra pública, que solo han beneficiado y siguen beneficiando a la Cámara Argentina de la Construcción, al nefasto Club de Peaje (concesionarios viales), y a los amigos del poder. Todo por encima de la defensa del interés y bienestar general.

Con un sistema ferroviario devastado, la red vial nacional como de las provincias, se ha convertido en un elemento vital para permitir el desarrollo productivo del país. Esto implica que casi todo el transporte de cargas y pasajeros se haga por caminos. Sin embargo, a juzgar por el mal estado de muchas rutas, las autoridades correspondientes no consideran esto como algo prioritario. La falta de obras en materia de infraestructura vial genera graves perjuicios para toda la sociedad en su conjunto.

Soñar con la recuperación del ferrocarril para esto, es ser demasiado optimista, por lo que las mejoras en caminos a través de métodos adecuados de financiamiento, debería ser moneda corriente para el bien de la Argentina. Las malas condiciones de las rutas no atentan solo contra el sector productivo, también, y más grave por cierto, afectan de manera directa contra la vida.

Prácticamente no se ha hecho ningún cambio estructural para modernizar nuestra red vial, ya sea concesionada por el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta o no, que conserva una estructura básica idéntica a la década del 30.

Es inaceptable que no se haya podido lograr en tanto tiempo una infraestructura moderna, ni desterrar la corrupción en la obra pública, exhibiéndose así un gran déficit en la materia.

La infraestructura vial debe ser considerada política de Estado, y sin embargo quienes han gobernado y gobiernan, tanto a nivel nacional como provincial, en estos años de democracia, han demostrado una indiferencia total sobre este tema tan importante para el desarrollo del país, para mejorar las economías regionales, para lograr un efectiva baja en los costos de transporte, y fundamentalmente para reducir el elevado índice de accidentes y siniestros viales, entre otras ventajas y beneficios para toda la comunidad en su conjunto.

Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red vial en perfecto estado de transitabilidad.

La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: educación; control e infraestructura. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos.

El CoNaDUV propone:

—) Implementar, en forma urgente, un verdadero proyecto vial que contemple toda la red caminera del país, exhortando al Gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a quienes nos representan, a que se reasignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que suma la cifra de más de 60 mil millones anuales de pesos, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, sin aduanas interiores, sin barreras y sin pago de “falsos peajes”.

—) Crear en el ámbito del Congreso nacional, una Comisión de Seguimiento de los fondos viales, especialmente del Impuesto a los combustibles, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, de manera que no puedan ser malversados y desviados a otros fines que no sean obras de infraestructura vial.

—) Finalizar con el régimen de cobro de peaje directo en las rutas abiertas, nacionales y provinciales, por ser un verdadero fracaso y fundamentalmente por leonino e ilegal (las tarifas no cumplen con la leyes de peaje vigentes: “la tarifa debe ser inferior al beneficio económico que recibe el usuario”), por inconstitucional (se cobra peaje sobre rutas existentes pagadas con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago), por inviable y antieconómico (por el bajo caudal de tránsito), por injusto y discriminatorio (algunos pagan y otros no, de acuerdo al tramo que se utilice), y por actuar como un impuesto al tránsito y la circulación, incrementando el costo de transporte.

—) Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), desmantelada premeditadamente para generar la implementación del nefasto régimen de “falso peaje” en nuestra red vial, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo Rector de la Política Vial Nacional y Provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros Organismos.

—) Disolver el Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), por ser una dependencia innecesaria, claramente burocrática e insuficiente, que solo se ha ocupado de defender los intereses de los concesionarios viales, y que ha pasado a la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

—) Considerar como alternativa, con las modificaciones necesarias planteadas oportunamente por el CoNaDUV, el Proyecto de la Red Federal Autopistas, presentado por el diputado nacional (PRO), Eduardo Conesa, y la diputada nacional (CC-ARI), Elisa Carrió.

 

 

(*) Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CoNaDUV)

Integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA)

Fuente: AN Digital